La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO S.A.) atraviesa la crisis más profunda de su historia, caracterizada por atrasos sistemáticos en el pago de salarios que superan los 40 días, una deuda millonaria con el IPS y graves problemas de gestión que comprometen su viabilidad operativa.
Desde 2022, la empresa implementó un sistema de pagos escalonados dividiendo a sus casi 2.700 empleados en 20 grupos según el monto salarial y banco pagador. Esta modalidad ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes deben monitorear las redes sociales de la empresa para conocer las fechas de pago.
La situación se agravó significativamente en 2023, cuando los retrasos comenzaron a superar los 40 días. El caso más reciente fue el salario de noviembre de 2024, que recién se completó el 13 de enero de 2025, mientras el sueldo de diciembre aún permanece pendiente.
La crisis financiera también afecta el pago de beneficios laborales. La empresa adeuda la ayuda vacacional, asignación familiar y ayuda escolar correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Estos incumplimientos han generado numerosas demandas en el fuero laboral.
Un aspecto particularmente crítico es la deuda con el Instituto de Previsión Social (IPS), que supera los USD 5.5 millones. A pesar de realizar los descuentos correspondientes en los salarios, COPACO no transfiere estos fondos a la previsional, dejando a los empleados sin acceso a servicios médicos y comprometiendo sus futuras jubilaciones.
La empresa también retiene pero no deposita oportunamente las prestaciones alimenticias ordenadas judicialmente, exponiendo a sus empleados a posibles denuncias penales. Los depósitos se realizan con hasta tres meses de retraso, afectando directamente a menores de edad que dependen de estas prestaciones.
Oscar Stark, presidente de COPACO, ha reconocido públicamente la crítica situación financiera de la empresa. Sin embargo, según la Asociación de Ingenieros, su gestión no ha logrado generar suficientes ahorros para recuperar la operatividad, a pesar de las medidas de reestructuración implementadas.
Un polémico giro jurídico surgió en 2024 cuando, a instancias de la Procuraduría General de la República, los juzgados laborales comenzaron a declarar inembargables los bienes de COPACO S.A., contradiciendo décadas de jurisprudencia previa.
A pesar de que históricamente los bienes de la empresa fueron objeto de embargos sin cuestionamientos, ahora los magistrados argumentan erróneamente que son bienes del Estado por estar supuestamente contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
Esta nueva interpretación ignora que COPACO no recibe partidas presupuestarias estatales desde el año 2000 y que la Ley N° 7278 establece explícitamente que la empresa se rige por el Código Civil como sociedad anónima, con un patrimonio independiente al del Estado.
Un intento de solución se presentó en octubre de 2024, cuando la empresa recibió 27 propuestas de inversión de empresas privadas. Sin embargo, transcurridos 60 días del cierre de presentaciones, aún no hay definiciones sobre posibles alianzas estratégicas.
Un punto clave señalado por los funcionarios es que COPACO debe generar sus propios recursos para garantizar su viabilidad a largo plazo. Esto incluye la optimización de ingresos a través de una gestión más eficiente y la mejora de su cartera de servicios.
La situación de COPACO es un reflejo de problemas estructurales, laborales y financieros. Resolver los conflictos laborales, clarificar el marco jurídico y establecer una planificación estratégica a largo plazo son pasos esenciales para garantizar la sostenibilidad de la empresa.
