El procurador general Marco Aurelio González. X
La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado un proyecto de declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar gestiones para la recuperación de aproximadamente USD 1 millón malversados durante la administración de Hugo Javier González Alegre en la Gobernación del departamento Central.
La iniciativa, impulsada por el diputado liberal Adrián Darío “Billy” Vaesken, surge como primera acción relevante de la Comisión Permanente en 2025. El legislador enfatizó la urgencia de recuperar los fondos que, según determinación judicial, quedaron en manos del exasesor Miguel Ángel Robles.
El caso adquirió notoriedad tras la condena de Hugo Javier a 10 años de prisión por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. El exgobernador colorado, ahora recluso número 1.955 del penal de Tacumbú, encabezó un esquema delictivo que desvió recursos destinados a proyectos de reactivación económica durante la pandemia.
Las investigaciones revelaron que el desfalco ascendió a G. 18 mil millones, fondos originalmente asignados a obras civiles y viales en el contexto de la emergencia sanitaria. El tribunal, integrado por las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, determinó la existencia de un complejo entramado para el desvío de recursos públicos.
Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de gabinete, también recibió una condena de 10 años por liderar la red criminal que incluía a funcionarios y representantes de la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). El grupo utilizó un sistema sofisticado para obtener desembolsos irregulares del Estado.
La jueza Karina Cáceres destacó en su sentencia cómo Robles coordinó con diversos actores para ocultar el verdadero destino del dinero público. El fallo judicial enfatizó el grave perjuicio causado a la población durante la crisis sanitaria, privándola de recursos esenciales para enfrentar la pandemia.
El tribunal subrayó que los fondos malversados podrían haber financiado empleos, equipamiento médico y medicamentos para hospitales. La magnitud del daño se evidencia en las oportunidades perdidas para beneficiar a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria.
La declaración aprobada por el Congreso representa un paso significativo para garantizar la devolución de los recursos sustraídos al erario público. Sin embargo, su efectividad dependerá de la disposición del procurador Marco Aurelio González para ejecutar las acciones legales correspondientes.
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La vinculación política de Hugo Javier con Honor Colorado genera interrogantes sobre la voluntad del procurador para impulsar la recuperación de activos. El diputado Vaesken ha señalado que anteriores solicitudes parlamentarias fueron desatendidas por el Ejecutivo.
La resolución del caso establecerá un precedente sobre la capacidad del sistema judicial para recuperar fondos públicos malversados. La sociedad civil y sectores políticos permanecen atentos a las acciones que emprenderá la Procuraduría General ante este desafío institucional.
Fuente: La Política Online
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