Los aportantes del IPS ven preocupados la nueva ley de Mipymes
La nueva ley de mipymes, que permite a las microempresas pagar salarios equivalentes al 80% del salario mínimo legal, ha generado preocupación en el sector previsional por sus potenciales consecuencias en el sistema jubilatorio nacional.
El sistema de jubilación establece que los trabajadores deben acumular 1.250 semanas de cotización para acceder al beneficio previsional. Este requisito, vigente desde 1950, se basa en una fórmula que computa cuatro semanas por cada mes de aporte sobre el salario mínimo legal completo.
La modificación introducida por la nueva legislación implica que los aportes realizados sobre una base del 80% del salario mínimo resultarían en un cómputo menor de semanas por mes. Esto significa que los trabajadores necesitarían más años de servicio para alcanzar las semanas requeridas.
Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, advierte que bajo este nuevo esquema, un trabajador que cotice continuamente sobre la base reducida podría necesitar hasta 50 años de aportes para jubilarse, lo que en la práctica postergaría la edad de retiro hasta los 75 años.
El impacto de esta modificación se extiende más allá de los trabajadores individuales. El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrentaría una reducción en sus ingresos en un momento crítico para el sistema previsional paraguayo.
La situación actual del sistema jubilatorio ya presenta casos de trabajadores con 40 años de servicio que no logran acceder a la jubilación por no haber completado las semanas requeridas, particularmente en el caso de jornaleros y trabajadores temporales.
Aunque la ley busca promover la formalización de las microempresas, los expertos señalan que el mecanismo elegido podría resultar contraproducente al debilitar el sistema previsional y perjudicar a largo plazo a los trabajadores.
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El debate sobre esta reforma laboral pone de manifiesto la tensión entre el objetivo de formalizar el empleo y la necesidad de mantener un sistema previsional sostenible que garantice una jubilación digna para los trabajadores.
Los sectores críticos de la medida proponen buscar alternativas para incentivar la formalización empresarial sin comprometer los derechos previsionales de los trabajadores ni la sostenibilidad financiera del IPS.
Fuente: ABC Color
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