El sistema judicial archivó una importante causa de corrupción municipal tras la decisión de la jueza Cynthia Lovera de desestimar la denuncia presentada contra autoridades de Villeta, debido a la prescripción de los hechos investigados desde 2012.
La investigación se originó a partir de un informe detallado presentado por el asesor contable Juan B. Sotelo, quien identificó múltiples irregularidades en la gestión municipal, incluyendo la falta de documentación respaldatoria para pagos que superaban los 1.288 millones de guaraníes.
️Tras 14 años, a pedido de la ex agente Victoria Acuña, ratificado por la fiscal Adjunta Soledad Machuca, y por prescripción, la jueza Cynthia Lovera desestimó la denuncia del 2012 de los ediles de Villeta por supuestas irregularidades en pagos sin respaldo por G 1.288.021.279 pic.twitter.com/cggApYvkaF
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) January 14, 2025
Entre las irregularidades denunciadas destacaba el uso indebido de fondos destinados a pavimentación, con un faltante superior a 84 millones de guaraníes, así como el incumplimiento en la transferencia del 15% del impuesto inmobiliario a municipios con menores recursos.
La documentación presentada también señalaba retrasos significativos en los pagos correspondientes a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, evidenciando potenciales infracciones administrativas y financieras.
El Ministerio Público, a través de su Fiscalía Adjunta, fundamentó la desestimación en el artículo 102 del Código Penal, que establece un plazo máximo de cinco años para la prescripción del delito de lesión de confianza, siendo que los hechos denunciados ocurrieron durante 2011.
Las investigaciones realizadas determinaron que varios de los hechos denunciados no configuraban delitos según el Código Penal vigente, mientras que en otros casos, los fondos observados fueron posteriormente acreditados por las autoridades municipales.
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La prescripción de la causa se materializó en 2016, cinco años después de los hechos investigados, dejando sin efecto la posibilidad de establecer responsabilidades penales por las irregularidades detectadas en la administración municipal.
Este caso evidencia las limitaciones del sistema judicial paraguayo para procesar causas de corrupción dentro de los plazos establecidos por la ley, permitiendo que presuntos hechos de malversación de fondos públicos queden impunes por el mero transcurso del tiempo.
Fuente: PDS Digital
