El operativo incluyó un fuerte dispositivo policial. Foto: Captura.
Un masivo operativo policial se desarrolló desde las primeras horas de la mañana en el distrito de Jasy Kañy, departamento de Canindeyú, movilizando a más de 1.200 efectivos policiales equipados con carros hidrantes y apoyo aéreo. La intervención, ordenada por la Fiscalía, tuvo como objetivo el desalojo de aproximadamente 300 familias que ocupaban un terreno privado de 900 hectáreas, cuya situación legal se encontraba en disputa desde hace seis años.
El predio desalojado había ganado notoriedad por servir como refugio a Rubén Villalba, reconocido líder campesino detenido en diciembre del año pasado. Según testimonios de los ocupantes, Villalba habría ejercido un control estricto sobre el asentamiento, restringiendo la libre circulación de sus habitantes y realizando promesas fraudulentas sobre la titularidad de las tierras.
La operación policial contó con la mediación del intendente local, Fernando Díaz, quien intervino para prevenir posibles enfrentamientos violentos durante el procedimiento. El desalojo se ejecutó con la demolición de las viviendas del asentamiento, desarrollándose sin incidentes mayores gracias a la coordinación entre las autoridades presentes.
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El caso se vincula con la controversial figura de Rubén Villalba, quien anteriormente había sido condenado a 30 años de prisión por su participación en la masacre de Curuguaty de 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Posteriormente, Villalba fue absuelto de estos cargos tras cumplir parte de su condena.
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La trayectoria de Villalba incluye múltiples investigaciones relacionadas con ocupaciones de tierra que han resultado en enfrentamientos fatales. Actualmente, la Fiscalía lo investiga por su presunta participación en una ocupación ocurrida en febrero de 2022 en Yasy Cañy, donde perdieron la vida un tractorista y un agente policial.
El desalojo en Jasy Kañy representa un nuevo capítulo en la compleja historia de conflictos por la tierra en Paraguay, evidenciando las tensiones persistentes entre ocupantes, propietarios y autoridades. La magnitud del operativo policial desplegado refleja la seriedad con que las autoridades abordan estas situaciones de ocupación ilegal de tierras en el país.
Fuente: El Nacional
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