La Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que suspende la implementación del sistema de tobilleras electrónicas, generando un precedente significativo en el sistema judicial nacional. La medida surge como respuesta inmediata ante la ausencia de protocolos regulatorios específicos para su aplicación.
El máximo tribunal fundamenta su decisión en la necesidad imperante de establecer lineamientos claros y precisos que garanticen la efectividad del sistema de monitoreo electrónico. Esta disposición impacta directamente en la administración de justicia y en la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
La determinación judicial cobra particular relevancia tras el controversial caso de Alberto Segovia Martínez, primer beneficiario del sistema, quien enfrentaba cargos por tentativa de feminicidio. Esta situación evidenció las deficiencias procedimentales en la implementación del dispositivo de control.
AHORA Implementación de tobilleras requiere aprobación de protocolos, advierte la Corte Suprema de Justicia
La máxima instancia judicial pide a los magistrados aguardar estos trámites «para garantizar su correcta aplicación».
Suscribite a nuestro canal de Youtube:… pic.twitter.com/qbqST5agcJ
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 10, 2025
Los magistrados Alicia Orrego y Óscar Rodríguez Kennedy, protagonistas de la polémica por autorizar la medida sin protocolos vigentes, enfrentan cuestionamientos sobre la legitimidad de su decisión. El caso desató un debate nacional sobre la pertinencia y oportunidad de la implementación del sistema.
“Si me pasa algo, culpo a los jueces corruptos”, advierte víctima
La Corte Suprema establece que la futura implementación iniciará mediante un programa piloto en la Circunscripción Judicial de Asunción, contemplando una expansión gradual hacia otras jurisdicciones del territorio nacional. Esta metodología busca garantizar una transición controlada y efectiva.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
El comunicado judicial enfatiza la prioridad de salvaguardar los derechos tanto de las víctimas como de los procesados, estableciendo un equilibrio entre la supervisión judicial efectiva y las garantías constitucionales. La institución reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial.
El caso genera un precedente significativo en la administración de justicia, evidenciando la necesidad de fortalecer los procedimientos institucionales previos a la implementación de nuevas tecnologías en el sistema judicial. La suspensión permanecerá vigente hasta la aprobación definitiva de los protocolos correspondientes.
Fuente: ABC Color
