En el 2024 el contralor Camilo Benítez llevó jugosos viáticos en el extranjero.
La Contraloría General de la República (CGR) ha establecido sus prioridades presupuestarias para el ejercicio 2025, revelando una marcada disparidad entre los recursos destinados a beneficios administrativos y aquellos asignados al fortalecimiento técnico de la institución.
El presupuesto total asignado a la CGR para el año 2025 asciende a G. 185.399 millones, representando un incremento del 11,4% respecto al ejercicio anterior. Este aumento de G. 18.979 millones plantea interrogantes sobre la distribución estratégica de los recursos en la institución encargada de fiscalizar el uso de fondos públicos.
Un análisis detallado del presupuesto revela que la institución destinará G. 12.240 millones para seguros médicos privados, beneficiando a sus 975 funcionarios. Esta cifra contrasta significativamente con los G. 120 millones asignados a programas de capacitación y actualización profesional del personal técnico.
La asignación para viajes y viáticos alcanza los G. 1.417 millones, superando por un amplio margen los recursos destinados a la formación y especialización del personal encargado de auditar las cuentas públicas. Esta disparidad genera preocupación sobre la efectividad en el cumplimiento de las funciones fundamentales de la institución.
El rubro de remuneraciones absorbe G. 112.982 millones, contemplando salarios, gastos de representación y aguinaldos. Adicionalmente, se han presupuestado G. 3.818 millones para la contratación de personal temporal y profesional, evidenciando una significativa inversión en capital humano que contrasta con la limitada inversión en su desarrollo profesional.
La reciente promulgación de la Ley que Establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción demanda una mayor capacidad técnica y operativa de la CGR. Sin embargo, la asignación presupuestaria no refleja un compromiso proporcional con el fortalecimiento de estas capacidades.
Los recursos destinados a infraestructura y equipamiento también evidencian una distribución cuestionable, con G. 280 millones asignados para la adquisición de vehículos e insumos de oficina, mientras que la inversión en herramientas técnicas y formativas permanece significativamente inferior.
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La estructura presupuestaria actual genera interrogantes sobre la capacidad institucional para responder eficientemente a las denuncias ciudadanas y ejercer un control efectivo sobre el uso de los recursos públicos, considerando la limitada inversión en capacitación técnica y especialización del personal.
Esta distribución de recursos plantea un debate sobre las prioridades institucionales y su alineación con el mandato fundamental de la CGR como garante de la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Fuente: ABC Color
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