La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, reveló que Francisco Luis Correa Galeano, coordinador confeso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci y quien fue ultimado en la cárcel La Picota, no gozaba del estatus de testigo protegido. Esta declaración surge tras el violento incidente que terminó con la vida de un testigo clave en la investigación del crimen del fiscal paraguayo.
El traslado de Correa desde el búnker de la Fiscalía hasta el centro penitenciario La Picota se efectuó por orden judicial, siguiendo los procedimientos establecidos. La ministra explicó que las celdas del búnker son de carácter transitorio y no están destinadas para el cumplimiento de condenas, lo que justificó su traslado a una institución penitenciaria de alta seguridad.
La funcionaria colombiana detalló que el sistema de testigo protegido implica medidas especiales de seguridad, incluyendo la posibilidad de cambio de identidad y reclusión en instalaciones específicas. Sin embargo, en el caso de Correa, estas medidas no fueron implementadas ya que no se activó el mecanismo de protección especial previsto en la ley 906 del 2004.
Respecto a las advertencias previas sobre riesgos contra Correa, manifestadas por el abogado Francisco Bernate, representante de la familia Pecci, la ministra Buitrago afirmó desconocer tales comunicaciones. Señaló que estas alertas no fueron recibidas directamente por el Ministerio de Justicia y que será necesario verificar ante qué instancias se presentaron dichas preocupaciones.
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Las investigaciones preliminares sugieren que el homicidio de Correa se originó tras una discusión con otro recluso. Según las autoridades penitenciarias, el incidente se desencadenó cuando el agresor se molestó por comentarios realizados por Correa, aunque las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
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El caso ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad en las instalaciones penitenciarias colombianas, considerando que La Picota es catalogada como un centro de máxima seguridad. La ministra enfatizó que el sistema penitenciario debe garantizar la protección de todos los reclusos y que la presencia de elementos prohibidos dentro del centro constituye una violación al reglamento carcelario.
Fuente: ABC Color