En zona de la Av. Artigas existen residencias que hace décadas se instalaron a escasos metros de las vías del tren, que se verían afectadas por la franja de dominio para la instalación del tren. Foto: Virgilio Vera.
El presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7434, que busca implementar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí. Esta normativa, sancionada en diciembre pasado, autoriza a Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa) a firmar contratos de sub-concesión con privados por hasta 35 años. Aunque presentada como un avance en infraestructura, la iniciativa ha despertado fuertes críticas en el ámbito político y ciudadano.
Uno de los principales cuestionamientos radica en que la ley permite a Fepasa evadir normativas clave, como las leyes de concesiones, Alianza Público-Privada (APP) y Contrataciones Públicas. Además, la reforma excluye la participación del Congreso en la aprobación de futuros contratos, otorgando un poder considerable a la institución ferroviaria y al Ejecutivo. Esto genera preocupación entre legisladores que califican el plan como un “cheque en blanco” para un proyecto con limitados controles.
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El financiamiento del proyecto también ha generado controversia. El Gobierno analiza un aporte de hasta USD 150 millones para la inversión inicial, además de un fideicomiso que asegurará el pago de las obligaciones al adjudicatario. Legisladores como Rocío Vallejo y Rodrigo Blanco han señalado la falta de transparencia sobre el monto total de la inversión y la liberación de la franja de dominio, sin claridad sobre las propiedades afectadas.
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Durante el debate legislativo, voces críticas como las de los diputados Mauricio Espínola y Raúl Benítez cuestionaron la urgencia y las condiciones en que se aprobó la ley. Ambos señalaron que la normativa es innecesaria, pues Fepasa ya cuenta con herramientas legales para avanzar en el proyecto, y destacaron la falta de estudios técnicos que respalden su viabilidad.
Por otro lado, se argumenta que la promulgación responde a intereses económicos y políticos que no priorizan las necesidades ciudadanas. Legisladores como Rubén Rubín denunciaron la falta de garantías para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y advirtieron que este podría convertirse en un “tren fantasma” que únicamente beneficiará a unos pocos.
Fuente: ABC Color
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