Basilio "Bachi" Núñez.
La pugna por el control de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se intensifica mientras la crisis financiera de la empresa estatal se profundiza. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, promueve el nombramiento de Walter Núñez para reemplazar al actual titular, Óscar Stark, en un movimiento que busca contrarrestar la influencia del ministro del MITIC, Gustavo Villate.
La permanencia de Stark en el cargo se sostiene principalmente por el respaldo de Villate, quien mantiene una posición privilegiada en el gobierno por su parentesco con la primera dama Leticia Ocampos. Esta situación ha generado tensiones en el círculo cercano del presidente Santiago Peña, quien evalúa realizar cambios significativos en marzo.
Mientras las disputas políticas continúan, Copaco enfrenta una crisis sin precedentes con una deuda que alcanza los 150 millones de dólares y una pérdida patrimonial de 50 millones en los últimos años. La situación se agrava con el déficit de Vox, que suma otros 50 millones de dólares en pérdidas desde 2020.
La administración actual ha anunciado planes para el despido y retiro voluntario de aproximadamente 800 funcionarios, argumentando la falta de apoyo del Ministerio de Economía para reubicar al personal en otras instituciones estatales. Esta medida ha intensificado el malestar laboral, ya agravado por tres meses de atrasos salariales.
Los sindicatos han intentado sin éxito obtener una audiencia con el presidente Peña para exponer la gravedad de la situación. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco, Rolando Melgarejo, ha manifestado su preocupación por la gestión de Stark, a quien acusa de perjudicar la imagen de la empresa y provocar la fuga de clientes.
La crisis institucional coincide con el interés de inversores extranjeros. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha propuesto una inversión de 150 millones de dólares por el 51% de las acciones, mientras que Rivada Networks, de Estados Unidos, contempla una inversión de 500 millones en la infraestructura de Vox.
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La administración Stark ha suprimido 130 cargos y despedido a 380 empleados desde enero de 2024, como parte del plan de reestructuración impulsado por el gobierno de Peña. Se prevé que otros 700 funcionarios deberán acogerse al retiro voluntario para facilitar la entrada de capital extranjero.
Los gremios han encontrado respaldo en un grupo de parlamentarios que buscan mediar en la crisis. Sin embargo, la resolución del conflicto parece depender de la decisión que tome el Ejecutivo en marzo, cuando se definirá si prevalece la influencia de Bachi Núñez o la de Gustavo Villate.
Fuente: La Política Online
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