La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse planes para desvincular a aproximadamente 250 funcionarios tercerizados, según fuentes internas que solicitaron mantener su anonimato. Este “reordenamiento administrativo” aparentemente buscaría eliminar personal contratado bajo la modalidad de Orden de Compra (OC), mientras mantiene intacta la estructura de funcionarios permanentes vinculados a redes políticas.
La medida afectaría exclusivamente a trabajadores contratados a través de empresas tercerizadas, un mecanismo que, según las fuentes consultadas, ha sido utilizado históricamente para incorporar personal mediante empresas vinculadas a operadores políticos. De los 350 funcionarios que ingresaron bajo esta modalidad durante la administración de Nicanor Duarte Frutos, varios ya han sido desvinculados, y se prevé continuar con esta tendencia.
Una característica particular de los contratos OC es que los trabajadores no figuran en las nóminas oficiales de la EBY, a pesar de ser fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la institución.
“Son quienes realizan las tareas que permiten que las oficinas operen”, señaló una fuente, agregando que este sistema también ha sido utilizado para incorporar a operadores políticos a través de “empresas de maletín”.
Las fuentes sugieren que detrás de esta aparente búsqueda de transparencia podría existir una estrategia para visibilizar a los denominados “planilleros de oro”, funcionarios que reciben salarios elevados sin cumplir horarios ni funciones específicas, pero que cuentan con la protección de gobernadores, diputados y senadores.
Entre los casos emblemáticos mencionados se encuentra el de Fátima “La Negra” Saucedo, quien fue reincorporada a la institución durante el actual gobierno a pesar de haber sido previamente desvinculada por incumplimiento laboral. También se menciona a Andrés Gubetich, ex presidente del IPS y antiguo funcionario de la EBY, como otro ejemplo de estas irregularidades administrativas.
Las fuentes internas sostienen que el objetivo real no sería sanear la institución, sino realizar un recambio político: “Se busca sacar a los operadores políticos que ya cumplieron su rol para incorporar a otros nuevos, a quienes aún no se les pagó el favor”, explicó uno de los informantes.
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La lista de supuestos planilleros incluye a Eduardo González, actual asesor jurídico, quien según las denuncias dedica gran parte de su tiempo a actividades partidarias en la ANR en lugar de sus funciones en la EBY. Similar situación se atribuye a Del Pilar Medina, jefa del área social, cuyo desempeño ha sido objeto de cuestionamientos.
La entidad se encuentra en pausa administrativa colectiva hasta el 15 de enero de 2025, mientras la hidroeléctrica mantiene sus operaciones normales. Se anticipa que el 16 de enero, con la reanudación de actividades, podrían materializarse los anunciados despidos.
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El destino de los 250 trabajadores tercerizados permanece incierto, generando preocupación no solo por el impacto laboral inmediato sino también por las implicaciones a largo plazo en la dinámica institucional. Las denuncias internas sugieren que estos ajustes laborales forman parte de un sistema más amplio de clientelismo político y manejo discrecional de los recursos públicos.
Las fuentes consultadas advierten que esta reorganización podría profundizar las prácticas de padrinazgo político en la institución, donde los ajustes laborales parecen responder más a intereses partidarios que a criterios de eficiencia administrativa. La situación pone de manifiesto la necesidad de una revisión integral de las políticas de contratación y gestión del personal en la entidad binacional.
Fuente: ABC Color
