El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este lunes la Ley 7.446/2024, que modifica el cálculo de las jubilaciones para los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS). Según la normativa, el monto de jubilación ahora se determinará en base al promedio de los últimos 10 años de aportes, reemplazando el cálculo anterior que consideraba solo los últimos tres años.
La ley fue aprobada rápidamente por el Congreso Nacional, obteniendo media sanción en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre y la aprobación del Senado al día siguiente. En menos de 24 horas fue remitida al Poder Ejecutivo, donde finalmente fue promulgada el 30 de diciembre, dos días antes de finalizar el año.
Con la promulgación de la ley 7446, damos un paso clave para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS), reafirmando nuestro compromiso con los trabajadores y sus familias. Este avance permitirá modernizar el sistema y consolidar al IPS como un pilar de… pic.twitter.com/X2cExI9rF4
— Santiago Peña (@SantiPenap) December 30, 2024
Además del cambio en el cálculo de las jubilaciones, la ley introduce medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del IPS. Entre ellas, se proyecta recuperar el porcentaje de aportes obrero-patronales destinados a otras instituciones y regularizar 1.100 inmuebles pertenecientes al IPS. Estas modificaciones buscan optimizar el manejo de los recursos financieros de la entidad.
En el ámbito de la salud, la normativa establece dos cambios clave: el redireccionamiento de los recursos del fondo de administración al fondo de salud, y la reasignación del 2,5% de los aportes que anteriormente iban al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa). Estos fondos, que superan los USD 100 millones anuales, ahora se destinarán al fortalecimiento del sistema de salud del IPS.
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Santiago Peña destacó en redes sociales la importancia de esta reforma como un paso hacia un sistema de previsión más justo y equilibrado para los trabajadores.
La normativa forma parte de las políticas impulsadas por el oficialismo, específicamente el movimiento Honor Colorado, que defendió el proyecto como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del IPS a largo plazo.
Fuente: Última Hora
