La Fiscalía General del Estado solicitó una pena de 8 años de prisión para el exgobernador de Central, Hugo Javier González, acusado de liderar un esquema de desvío de G. 5.105.600.000. La misma solicitud fue hecha para Miguel Ángel Robles, exdirector de Gabinete de la Gobernación. Otros funcionarios también enfrentan condenas menores en el caso, que será retomado el próximo 2 de enero de 2025.
Los fiscales Rodrigo Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel presentaron pruebas que, según su declaración, demuestran la existencia de un esquema organizado para justificar el desvío de fondos. Durante los alegatos, el fiscal Coronel explicó que se utilizó a funcionarios para presentar legajos y documentos falsos, simulando que el dinero había sido destinado a la reactivación económica. Este fraude quedó evidenciado con una segunda rendición de cuentas manipulada.
[TRIBUNALES] Los fiscales Rodrigo Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel solicitaron 8 años de cárcel para el exgobernador Hugo Javier González por un perjuicio de G 5.105.600.000, por medio del pago de 14 proyectos inexistentes en Central. pic.twitter.com/Gar0qppcoh
— El Observador (@observapy) December 30, 2024
Además de González y Robles, el Ministerio Público solicitó tres años de cárcel para Juan Marcelo Rojas Giménez y Lourdes Lezcano Decoud, y dos años para Luis Eduardo Allende Araujo y Modesta Valiente, todos vinculados a la gestión administrativa y financiera de los fondos desviados.
El fiscal Francisco Cabrera afirmó que las pruebas presentadas sustentan la posición del Ministerio Público, señalando que el caso refleja un esquema sistemático de corrupción dentro de la Gobernación. “Hemos expuesto pruebas contundentes que legitiman la teoría fáctica, probatoria y jurídica del caso”, expresó Cabrera.
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Por su parte, Rodrigo Espínola señaló que se comprobó la existencia de una organización dentro de la Gobernación que recolectaba facturas falsas para respaldar las rendiciones de cuentas manipuladas. Estas irregularidades se repitieron en dos procesos de justificación, que resultaron en el desvío millonario.
El juicio continuará el próximo jueves 2 de enero, donde se espera que el tribunal emita su veredicto en este caso, que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción en la administración pública paraguaya.
Fuente: El Observador
