El proyecto de ley presentado por senadores colorados disidentes y cartistas para incluir a menores de edad en el Servicio Militar Obligatorio (SMO) ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores. Según Vidal Acevedo, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la propuesta representa un “grave retroceso” para la democracia en Paraguay, además de ser violatoria de acuerdos internacionales ratificados por el país.
La intención del proyecto es permitir el reclutamiento de menores con el consentimiento de sus padres, justificando la medida como una forma de “fomentar valores” y convertir los cuarteles en espacios de capacitación juvenil. Sin embargo, Acevedo subraya que Paraguay tiene antecedentes condenatorios por casos de niños soldados, como el de Gerardo Vargas Areco, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2016, Paraguay aprobó el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la participación de menores de 18 años en conflictos armados. Según el Serpaj, el proyecto no solo contradice esta normativa, sino que también es inconstitucional al vulnerar el artículo 129 de la ley del SMO. Acevedo recuerda que entre 1989 y 2012, se documentaron 147 muertes de niños soldados, de los cuales el 90% tenía entre 16 y 17 años.
Leé más: Proponen ley para incluir a menores en el servicio militar
Para el Serpaj, la preparación de menores en tácticas militares es incompatible con su desarrollo físico y psicológico. Acevedo argumenta que el “fomento de valores” debería centrarse en instituciones educativas y no en un entorno diseñado para la preparación bélica. También cuestiona las intenciones detrás del proyecto, señalando que podría buscar aumentar el presupuesto militar bajo el pretexto de conflictos armados.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Históricamente, el servicio militar ha sido un tema polémico en Paraguay. En 2007, el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos emitió un decreto para liberar a los menores reclutados, marcando un avance significativo en materia de derechos. Sin embargo, este nuevo proyecto es visto como un intento de regresar a políticas asociadas a épocas autoritarias.
Acevedo enfatiza que el gobierno debe enfocarse en políticas que aborden las problemáticas juveniles y promuevan oportunidades desde una perspectiva inclusiva y democrática. Retomar medidas superadas por la ciudadanía, advierte, pone en peligro los avances logrados en materia de derechos humanos y participación juvenil.
Fuente: ABC Color
