El presidente de la República, Santiago Peña, marcó un hito en la protección de la infancia al promulgar la modificación de los artículos 128 y 135 del Código Penal, estableciendo penas de hasta 30 años para casos de abuso sexual infantil. La ceremonia de promulgación destacó la importancia de fortalecer las medidas contra este delito que afecta principalmente al entorno familiar.
Las estadísticas presentadas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia revelan una realidad alarmante: aproximadamente 3.500 casos de abuso sexual infantil se reportan anualmente. El ministro Walter Gutiérrez señaló que el 90% de estos casos ocurre dentro del círculo familiar, con un 82% de las víctimas siendo niñas, cuya edad promedio es de apenas 9 años.
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Palacio de GobiernoActo de Promulgación de la Ley “Que modifica los artículos 128 y 135 de la Ley N° 1160/1997 ‘Código Penal’, modificados por la Ley N° 3440/2008”
— Radio Nacional AM (@rnpy920am) December 26, 2024
Durante el acto de promulgación, el presidente Peña enfatizó la necesidad de una respuesta contundente ante esta problemática que “duele y toca el corazón de todos». El mandatario subrayó que la protección de la niñez requiere la implementación de todas las herramientas disponibles, destacando el compromiso del Estado en salvaguardar el futuro de los menores.“rdn”
La nueva legislación posiciona a Paraguay entre los países con las penas más severas para este tipo de delitos en la región. Esta evolución normativa representa un avance significativo desde 1997, cuando las penas por abuso sexual infantil eran incluso menores que las establecidas para casos de abigeato.
El Ministerio de la Niñez y Adolescencia también informó sobre la exitosa implementación del Registro de Agresores Sexuales (RAS), establecido por ley en 2021. Esta herramienta complementa el endurecimiento de penas y fortalece el sistema de protección infantil en el país.
El presidente Peña hizo hincapié en la importancia de mantener las campañas de prevención en instituciones educativas y promover el diálogo familiar como estrategias fundamentales para prevenir estos casos. La nueva ley se enmarca en una política integral de protección a la infancia que busca combinar medidas punitivas con acciones preventivas.
La bancada opositora en el Congreso Nacional, si bien respaldó el endurecimiento de penas, enfatizó la necesidad de implementar políticas públicas preventivas y educativas. Sus representantes abogaron por un enfoque integral que incluya la educación sexual en instituciones educativas como herramienta fundamental de prevención.
El perfil de los agresores, según datos oficiales, muestra que la edad promedio es de 27 años, lo que evidencia la importancia de fortalecer las medidas preventivas dirigidas especialmente a la población joven adulta. Esta información resulta crucial para el diseño de políticas públicas efectivas.
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Los legisladores coincidieron en que el endurecimiento de penas debe ir acompañado de un fortalecimiento en la capacidad de detección temprana y respuesta institucional. La nueva ley representa un paso importante, pero requiere ser complementada con recursos y estructuras que garanticen su efectiva aplicación.
El gobierno enfatizó que esta legislación forma parte de una estrategia más amplia de protección a la infancia, que incluye el fortalecimiento de las instituciones de protección, la mejora en los sistemas de denuncia y la ampliación de los servicios de atención a víctimas. La promulgación de esta ley marca un punto de inflexión en la lucha contra el abuso sexual infantil en Paraguay.
Fuente: Última Hora
