La Cámara de Diputados bajo la administración del diputado cartista Raúl Latorre, enfrenta una crisis institucional sin precedentes desde julio de 2023. Una serie de casos penales graves involucran a funcionarios de alto rango, develando presuntos esquemas delictivos que van desde la estafa hasta el narcotráfico internacional.
El caso más reciente involucra a Willian Roberto Bogarín Campuzano, exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional. La Fiscalía lo señala como parte de una red que estafó a colonos de San Pedro por aproximadamente USD 1,6 millones, prometiendo falsamente adjudicaciones de propiedades. Pese a la gravedad de las acusaciones, Bogarín Campuzano solo fue apartado de su cargo directivo, manteniendo su vinculación como funcionario.
Otro caso emblemático es el de Anadelia Acosta Armoa, quien se vio forzada a renunciar tras ser procesada por la presunta apropiación de una indemnización destinada a familias vulnerables en Caaguazú. Según las investigaciones fiscales, Acosta Armoa y otros implicados habrían intentado apropiarse de G. 725 millones de los G. 800 millones otorgados por la ANDE a familias que perdieron parientes.
La situación se torna más grave con el caso de Juan Alberto Domínguez Paredes, exfuncionario y supuesto guardaespaldas del diputado cartista Leonardo Saiz. Domínguez Paredes es señalado como presunto autor del homicidio de Lulio Ramírez Rodríguez en marzo de 2024, encontrándose prófugo tras el crimen.
El narcotráfico también salpica a la institución con el caso de Alcides Cantero Ramírez, hermano del diputado cartista Benjamín Cantero. El exfuncionario, contratado como chofer, fue detenido en Bolivia por transportar precursores químicos para el procesamiento de drogas. Su hermano legislador se desvinculó del caso alegando que Alcides simplemente dejó de asistir a sus funciones.
Las sospechas de vínculos con el narcotráfico se extienden al agente antidrogas Mauro Ruiz Díaz, quien ingresó a la institución por gestión del diputado Jatar Fernández. Aunque no existe una acusación formal, existe la sospecha de posible filtración de información a presuntos narcotraficantes.
El nepotismo también marca presencia en la institución con los casos de presunto planillerismo que involucran a hijos de legisladores. Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, logró evitar el juicio oral, mientras que Danna Maricela y Johanna Denisse, hijas del diputado Cleto Giménez, continúan bajo investigación.
La situación se agrava con legisladores que enfrentan procesos judiciales pero mantienen sus fueros parlamentarios. El diputado cartista Esteban Samaniego y los liberales Cleto Giménez y Roya Torres continúan en sus funciones, protegidos por el blindaje que les otorga el pleno de la Cámara.
El fallecimiento del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes durante un operativo policial extinguió las investigaciones en su contra, aunque las sospechas sobre sus actividades permanecen en el imaginario público.
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Las múltiples causas penales que involucran a funcionarios y allegados a legisladores evidencian una crisis sistémica en la Cámara de Diputados. La institución enfrenta cuestionamientos sobre su rol como órgano legislativo y su capacidad para mantener la integridad en la función pública.
La acumulación de casos graves y la aparente impunidad de algunos involucrados plantean serios interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la Cámara Baja, especialmente considerando que varios procesados mantienen sus vínculos con la institución o gozan de protección mediante fueros parlamentarios.
Fuente: ABC Color
