La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia sobre los bienes y declaraciones juradas de Willian Roberto Bogarín, exdirector de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados. Esta acción surge tras la imputación del exfuncionario, su esposa Ilsa Marisela Paredes y el abogado José Francisco Ljubetic por su presunta participación en un esquema de estafa que afectó a ciudadanos menonitas.
Según el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, la investigación busca determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados por Bogarín y su situación patrimonial. “Si se confirman las inconsistencias, se remitirán los hallazgos al Ministerio Público para el proceso correspondiente”, afirmó Torres en comunicación con ABC Cardinal.
El caso, investigado por la Fiscalía, se centra en las denuncias de los hermanos menonitas Bernardo y Hernán Friesen Neufeld. Según las autoridades, los imputados habrían engañado a las víctimas para que entregaran aproximadamente 1,6 millones de dólares bajo la promesa de adquirir tierras en el Chaco, específicamente en la Colonia Ñande Mbae.
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Los acusados supuestamente utilizaron declaraciones falsas, documentos manipulados y acciones judiciales inexistentes para generar expectativas de compra de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Según los informes, estos elementos fraudulentos habrían permitido al abogado José Francisco Ljubetic solicitar pagos continuos a las víctimas. Tras conocerse su imputación, Bogarín fue separado de su cargo en la Cámara Baja.
Fuente: ABC Color
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