Foto: Gustavo Machado.
La Municipalidad de Asunción lleva adelante hoy la subasta de 6 hectáreas ubicadas en la Costanera Norte. El proceso, liderado por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, ha generado cuestionamientos debido a la rapidez con la que se realizaron los trámites y a la falta de claridad sobre el destino de los fondos recaudados. Los terrenos, ofrecidos por un precio base de 22 millones de dólares, son considerados estratégicos por su ubicación y potencial económico.
Entre las principales observaciones al proceso, se destacan errores técnicos en los informes periciales, rectificados apenas un día antes de la subasta. La Dirección Nacional de Catastro otorgó las cuentas catastrales correspondientes a las fincas menos de 24 horas después de que la Junta Municipal corrigiera “diferencias técnicas” en los linderos y omisiones en el fraccionamiento. Además, el Plan Regulador de la Franja Costera, necesario para definir el uso del suelo, fue aprobado solo una semana antes.
Uno de los lotes a subastarse, identificado como A3, alberga actualmente a 53 familias damnificadas. Estas personas, desplazadas por incendios recientes, enfrentan un futuro incierto, ya que aún no cuentan con un lugar definitivo para reubicarse. Entre las opciones propuestas están la Chacarita, la Plaza de la Conquista o una zona cercana a la Policía Urbana. Sin embargo, ninguna de estas alternativas ha sido confirmada.
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Otro punto crítico es la falta de desarrollo urbano en los terrenos en venta. Según expertos, las fincas no han recibido inversiones que incrementen su valor, lo que podría afectar los ingresos municipales. Además, el lote A3 presenta problemas de inundación, lo que limita su atractivo para posibles compradores. A pesar de esto, el pliego de bases establece un pago inicial del 50% del monto total en el acto de la subasta.
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El uso de los fondos recaudados también es objeto de debate. Según el intendente, el dinero podría destinarse al pago de deudas municipales y proyectos de inversión. No obstante, hasta el momento, no existe un plan detallado sobre cómo se utilizarán estos recursos, lo que ha generado preocupación entre concejales y la ciudadanía. La Junta Municipal otorgó un plazo de 60 días para que el ejecutivo presente un plan de inversión, el cual vencerá en los próximos meses.
Urbanistas y desarrolladores han señalado que la premura y las irregularidades podrían favorecer intereses particulares en detrimento del desarrollo sostenible de la ciudad.
Fuente: ABC Color
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