El ministro antidrogas Jalil Rachid, aseguró que no renunciará a su cargo tras el giro del Gobierno en su decisión de cortar la cooperación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El Consejo de Defensa Nacional (Codena) comunicó que solicitó dejar sin efecto la interrupción del programa SIU, liderado por la DEA.
En declaraciones a los medios, Rachid señaló que el presidente Santiago Peña estaba al tanto de todas las decisiones tomadas en torno al caso. Al ser consultado sobre si el cambio podría considerarse un “papelón”, respondió que no lo veía de esa manera si el giro beneficiaba al país.
El programa SIU, parte de la colaboración entre la DEA y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), había sido suspendido por Rachid con el argumento de buscar una mayor autonomía en las operaciones y centralizar el liderazgo en Paraguay. Sin embargo, tras la controversia generada, el Gobierno optó por revertir la decisión.
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La decisión de Rachid y su posterior reversión generaron críticas desde diversos sectores políticos. La senadora Esperanza Martínez, miembro de la oposición, calificó la situación como un revés para el país y sugirió que el ministro debería renunciar “por dignidad”.
Otros legisladores también cuestionaron el manejo del caso, señalando que el cambio en la postura refleja una falta de claridad en las políticas de seguridad y cooperación internacional.
Tras el anuncio oficial del Codena, Rachid evitó dar mayores detalles a la prensa y se retiró rápidamente de la conferencia, dejando varias preguntas sin respuesta sobre el futuro de la relación entre Paraguay y la DEA.
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La relación entre Paraguay y la DEA es crucial en la lucha contra el narcotráfico en la región. El programa SIU ha sido una herramienta clave para desarticular redes internacionales de drogas, y cualquier interrupción o ajuste en la colaboración podría tener repercusiones significativas.
Rachid argumentó que la reestructuración propuesta buscaba fortalecer las capacidades locales, pero el manejo del caso dejó dudas sobre la coherencia en las políticas de seguridad del país.
Fuente: Última Hora
