El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó su anuario estadístico 2024, revelando una preocupante situación en el sistema penitenciario de Paraguay. De los 17.848 internos registrados, un 57% se encuentra bajo prisión preventiva, es decir, sin condena firme. Esto evidencia un uso excesivo de esta medida cautelar y refleja fallas en el sistema de justicia del país.
Solo el 35% de los presos cuenta con una condena definitiva, mientras que el 9% restante tiene una situación jurídica no identificada, según el informe. La comisionada Sonia von Lepel calificó el escenario como una “crisis penitenciaria”, agravada por el hacinamiento y las condiciones inadecuadas en las cárceles.
El operativo “Veneratio”, que trasladó a 700 internos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a centros con menor capacidad, profundizó el problema del hacinamiento. Este traslado, implementado para aliviar la sobrepoblación en Tacumbú, sobrecargó penitenciarías regionales, afectando la calidad de vida de los reclusos y las condiciones laborales del personal penitenciario.
El informe destacó que la Penitenciaría Regional de San Pedro presenta el mayor nivel de hacinamiento, albergando 1.592 internos en un espacio diseñado, según estándares internacionales, para solo 148 personas. Según el Ministerio de Justicia, la capacidad máxima sería de 696, cifra que también se excede ampliamente.
Leé también: Investigación revela millonario negocio ilegal en pabellones de Tacumbú
Otros centros con índices críticos de hacinamiento son las penitenciarías de Ciudad del Este y Emboscada, que enfrentan problemas similares.
Las 20 cárceles del país deberían alojar un máximo de 4.563 internos según estándares internacionales, mientras que el Ministerio de Justicia estima una capacidad total de 10.323 personas. Sin embargo, actualmente se registran 17.848 internos, lo que refleja una sobrepoblación significativa.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Von Lepel enfatizó que casi la mitad de los internos sin condena firme tiene entre 18 y 45 años, lo que afecta principalmente a la población joven y productiva del país.
Organismos nacionales e internacionales señalan que el hacinamiento y la falta de condenas firmes vulneran los derechos humanos de los internos. La comunidad jurídica y civil exige reformas urgentes para garantizar un sistema penitenciario más justo y humano.
Fuente: ABC Color
