La investigación del caso Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del ex diputado Eulalio “Lalo” Gomes, tomó un giro inesperado tras el descubrimiento de un celular en su celda de la Agrupación Especializada. El dispositivo, incautado durante una requisa el 23 de agosto, reveló una conexión con una funcionaria permanente de la Cámara de Diputados.
Los registros de la empresa telefónica confirman que el chip del teléfono fue habilitado el 19 de agosto, mismo día de la detención de Alexandre en Pedro Juan Caballero, por Estela Azucena Fernández de Villamayor. La funcionaria, quien se desempeñaba como Encargada de Despacho del fallecido Diputado Eulalio Gomes, figura además como votante en la Seccional Colorada 217 de Pedro Juan Caballero.
El aparato incautado pasó a manos de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público, donde los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres llevan adelante la investigación. Los cargos contra Alexandre incluyen lavado de dinero, asociación criminal y tráfico internacional de drogas.
La cronología de los hechos revela que la línea telefónica fue habilitada durante el traslado de Alexandre desde Pedro Juan Caballero hasta Asunción, posterior al allanamiento dirigido por el fiscal Segovia. El servicio fue desactivado inmediatamente después de la incautación del dispositivo.
Las investigaciones preliminares sugieren que la funcionaria del Congreso podría haber prestado su identidad para la habilitación del número, aunque resta determinar si actuó por voluntad propia o bajo la influencia de terceros. La participación de familiares cercanos a Alexandre tampoco se descarta.
Los investigadores centran su atención en el círculo íntimo del detenido, considerando que entre el 19 y 23 de agosto, el número de visitas fue limitado. El Ministerio Público tiene la facultad de solicitar a la Agrupación Especializada el registro completo de visitantes y cualquier información relacionada con la funcionaria parlamentaria.
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La presencia de un teléfono celular en una celda de máxima seguridad plantea serias interrogantes sobre los protocolos de seguridad vigentes. Las autoridades deberán determinar cómo el dispositivo burló los controles y llegó a manos del detenido.
El caso pone de manifiesto posibles conexiones entre funcionarios públicos y personas investigadas por narcotráfico, evidenciando la necesidad de reforzar los mecanismos de control tanto en recintos penitenciarios como en instituciones estatales.
Fuente: El Observador
