La Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de la jueza Liliana González de Bristot, del Juzgado de Paz de San Roque de la Capital, junto con varios funcionarios judiciales. Estas medidas surgen tras una investigación por irregularidades relacionadas con el manejo de procesos vinculados al caso conocido como la “Mafia de los pagarés”.
Entre los suspendidos se encuentran los actuarios Liz Ortiz Báez y Miguel Ángel Rolón, así como los oficiales de justicia Héctor Noguera Florentín y Oscar Frutos Meza. Además, los antecedentes de estos funcionarios fueron remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
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Así también la corte suspendió a la jueza Analía Cibils, del juzgado de Paz de La Encarnación, junto a otros funcionarios, presuntamente involucrados en un esquema delictivo referente al cobro de pagarés.
Durante la sesión de hoy, la Corte ratificó la resolución Nº 1751 del 18/12/2024, por el cual se ordenó la instrucción de un sumario a la magistrada Analía Cibils, y a los actuarios Matina Rivela Santacruz, Ricardo Cuevas; a los ujieres notificadores Nicolas Antunez Tillería y Audrey Galeano; y a los oficiales de Justicia Héctor Noguera, Guadalupe Almada, Patricia Ortiz Leiva y Victor Santaruz Gonzalez.
Mafia de pagarés
⚖️Interinazgos en los Juzgados de Paz de capital
-Víctor Nilo Rodriguez Acosta del Juzgado de Paz de La Recoleta interina, sin perjuicio de sus funciones, el Juzgado de Paz de La Encarnación, en lugar de la jueza suspendida Analía Cibils Miñarro.
-Elvira… pic.twitter.com/X8pMR5P8tD
— Roberto Pérez (@robertoperezpy) December 18, 2024
A través de dicha resolución se dispuso también la suspensión de la magistrada Cibils, junto a los funcionarios mencionados. Estos antecedentes serán remitidos tanto al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como a la Fiscalía, para la investigación correspondiente.
Mientras algunos funcionarios fueron suspendidos temporalmente, la Corte archivó los expedientes de Líder Benegas Cristaldo y Ever Cardozo Areco, ya que ambos dejaron de formar parte del plantel del Poder Judicial. Por otra parte, se inició un sumario administrativo al juez de Paz del Distrito Catedral, Gustavo Villalba Báez, junto con el actuario Gabriel Acosta López y otros funcionarios, por supuestas irregularidades en sus funciones.
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La jueza Natalia Garcete Aquino, del Segundo Turno del Distrito Catedral en Asunción, también enfrenta un sumario administrativo, al igual que varios actuarios y oficiales de justicia, como Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Irigoitia, quienes fueron suspendidos preventivamente.
La Corte Suprema ordenó una auditoría de reacción inmediata en los juzgados de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villa Morra, abarcando los tres turnos de cada jurisdicción.
Fuente: El Observador