En una polémica sesión de la Cámara de Diputados, se sancionó el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) en su versión del Senado, convirtiendo en “optativo” el certificado de condición de dominio. La iniciativa fue aprobada con mayoría cartista y sus aliados, limitando el debate a una sola intervención por legislador, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la oposición.
El RUN unificará la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia en un único organismo. Sin embargo, la eliminación de la obligatoriedad del certificado de dominio preocupa a sectores políticos, técnicos y representantes internacionales, quienes advierten un serio riesgo para la seguridad jurídica en el país.
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) fue una de las voces más críticas al cuestionar la versión Senado. Recordó que entidades internacionales ya alertaron sobre la “gran inseguridad jurídica” en Paraguay y cómo la aprobación de esta versión podría agravar aún más la situación. “Esto es algo que el propio entorno del presidente Santiago Peña sabe que puede generar problemas, pero deciden avanzar igual”, enfatizó Vallejo.
El argumento oficialista sostiene que la medida no elimina el certificado, sino que lo vuelve opcional mediante el pago del doble de las tasas. No obstante, Vallejo y otros diputados advirtieron que esta decisión beneficiará principalmente a sectores irregulares. “El narcotraficante pagará sin problemas el doble de la tasa, mientras que el más necesitado será el más afectado”, señaló la legisladora, añadiendo que “escribanos honestos” podrían verse desplazados por prácticas fraudulentas.
El diputado Raúl Benítez (Independiente) reforzó las críticas al afirmar que la medida facilitará actividades ilícitas como el lavado de dinero. Sostuvo que este cambio generará un entorno ideal para la manipulación de títulos de propiedad, algo que podría perjudicar a inversores y ciudadanos de buena fe.
Por su parte, Rodrigo Blanco (PLRA) alertó sobre la apertura a lo que denominó “trato kuré”, una práctica que, según explicó, deja margen para la mala fe en las transacciones inmobiliarias. “El comprador confiado será el principal afectado, mientras que el vendedor, con intenciones dudosas, podrá fácilmente pagar el doble de la tasa y aprovechar la falta de regulación”, aseguró.
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Los opositores coincidieron en que el proyecto sancionado pone en riesgo la seguridad jurídica del país, especialmente en un contexto donde la superposición de títulos sigue siendo un problema latente. También señalaron que la medida afectará directamente a pequeños propietarios y compradores, quienes no tendrán los recursos para enfrentar el pago adicional.
Finalmente, la ley sancionada fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Mientras el oficialismo celebra la aprobación del RUN, las advertencias sobre los efectos negativos de la normativa continúan resonando entre legisladores, gremios de escribanos y representantes de la sociedad civil.
Fuente: ABC Color
