La Unión Nacional de Jubilados, a través de su presidente Pedro Halley, expresó su respaldo a las modificaciones a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), que serán debatidas en la Cámara de Diputados. Halley destacó que las propuestas podrían contribuir a una mayor formalización laboral y al fortalecimiento de los fondos del sistema de previsión social. Sin embargo, señaló que aún existen preocupaciones respecto al mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios más antiguos.
Halley explicó que la reforma busca evitar fraudes en la declaración de salarios, como la práctica de subdeclarar ingresos durante años y aumentarlos significativamente en los últimos tres años para inflar el promedio jubilatorio. La modificación propone extender el período de referencia para el cálculo del haber jubilatorio de 3 a 10 años (120 meses), lo que, según Halley, es un ajuste “necesario y razonable” basado en estudios actuariales previos.
Otro punto clave que respalda la Unión es la regularización de los títulos de las propiedades del IPS. Según Halley, encomendar la titulación a la Escribanía Mayor del Gobierno permitirá corregir las irregularidades existentes y fortalecer los activos de la institución, lo cual repercutiría positivamente en su financiamiento.
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No obstante, Halley manifestó su preocupación respecto a los mecanismos de actualización de haberes jubilatorios más antiguos. Criticó el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como método principal de ajuste, calificándolo de “falso” y poco representativo del costo de vida real en el país. “El IPC no refleja la realidad económica, y debe contemplarse una fórmula más justa que considere la rentabilidad de las inversiones a largo plazo”, agregó.
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El reclamo de los jubilados apunta a que actualmente solo se actualizan los siete años anteriores a los últimos tres años previos a la jubilación, dejando un margen considerable sin ajustes. Halley insistió en la necesidad de debatir una solución integral que garantice mayor justicia en el cálculo de haberes para quienes aportaron durante décadas.
El proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, será tratado en el punto cinco del orden del día de Diputados. La propuesta ha generado opiniones divididas, siendo el artículo 6, que modifica el período de referencia de 36 a 120 meses, uno de los aspectos más controversiales. Mientras tanto, la Unión de Jubilados pide que los ajustes no solo apunten a la sostenibilidad financiera, sino también a la protección de los derechos adquiridos de los beneficiarios.
Fuente: Última Hora
