El Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero dictó una pena de cinco años de prisión contra Claudia Andrea Cuevas Sierich, ex oficial de cuentas del Banco BBVA, por ejecutar una estafa que ocasionó un perjuicio de G. 2.270 millones a la entidad financiera mediante préstamos fraudulentos.
La sentencia, emitida de manera unánime por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, encontró a Cuevas culpable de los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza. La condenada fue remitida inmediatamente al penal de mujeres “El Buen Pastor”.
El esquema delictivo, perpetrado entre 2016 y 2017, consistió en la obtención de préstamos irregulares mediante la falsificación de firmas en documentos bancarios. Cuevas utilizó los datos y el token financiero de Emilio Rubén Pistilli, cliente de la entidad, quien posteriormente denunció las operaciones fraudulentas.
Una auditoría interna del banco reveló que la ex funcionaria falsificó firmas en solicitudes, contratos de préstamos y pagarés para gestionar créditos a nombre de la empresa RC Importación y Exportación, propiedad de Pistilli. En total, se detectaron seis operaciones crediticias de montos significativos.
El Tribunal también ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el comiso de bienes, medida que se aplicará en proporción al monto del perjuicio, según explicó la fiscal Nathalia Silva. Además, se dictó prisión preventiva por riesgo de fuga.
La investigación fiscal, llevada adelante por las agentes Nathalia Silva y Claudia Aguilera, logró establecer mediante un rastreo financiero que la condenada realizó transferencias a terceros con el dinero obtenido fraudulentamente de los préstamos desembolsados.
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La acusación presentó ante el Tribunal evidencias documentales, periciales y testimoniales que demostraron las irregularidades cometidas por la ex oficial de cuentas en el ejercicio de sus funciones dentro de la sucursal bancaria.
El caso pone de manifiesto las vulnerabilidades del sistema financiero ante la manipulación interna de documentación bancaria y el uso indebido de datos de clientes por parte de funcionarios con acceso privilegiado a información sensible.
Fuente: ABC Color
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