Los humedales del Bajo Chaco enfrentan graves daños ambientales tras la ocupación ilegal de un inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa. Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Defensa inspeccionaron la finca 916 en Villa Hayes, constatando el impacto en el ecosistema.
La propiedad, que abarca más de 8.000 hectáreas, ha sido ocupada por unas 90 familias desde 2013. La zona es considerada una reserva de recursos manejados, vital para el equilibrio ambiental, especialmente por su función en la filtración y carga de los ríos Paraguay y Pilcomayo a través del riacho Confuso.
Denuncian nueva invasión en la finca 916: «Los ocupantes secuestraron y quemaron las actas que realizó el Mades»
El procurador Marco Aurelio González sostuvo que las ocupaciones que detectaron no son de ahora,sino que los presuntos invasores están en el sitio desde hace un… pic.twitter.com/Id5rYACL02
— Radio Ñandutí (@nanduti) December 12, 2024
Durante la inspección, se verificó que aproximadamente 300 hectáreas de karanda’y han sido arrasadas para habilitar áreas de pastura. Según el ingeniero agrónomo Eli León, del Mades, se identificaron restos de cogollos quemados, evidenciando un cambio en el uso del suelo que afecta la biodiversidad local.
El proceso de canalización realizado por los ocupantes ilegales está provocando el secado de importantes sectores de los humedales. Este daño altera el funcionamiento natural del ecosistema, comprometiendo la conservación de una zona clave para la sostenibilidad hídrica de la región.
Además de la deforestación, en el sitio se observaron 2.000 cabezas de ganado, de las cuales 250 pertenecen al líder de los ocupantes. El valor total del ganado supera los G. 10.000 millones, lo que sugiere la posible participación de grupos económicos que financian la invasión, a pesar de que los ocupantes alegan tratarse de “fondos comunitarios”.
Las autoridades también reportaron la existencia de infraestructura costosa, como un tanque australiano valorado en G. 1.500 millones y depósitos de maquinarias utilizadas para la canalización. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un respaldo económico organizado detrás de la ocupación.
Aunque existe una finca cercana con ley de expropiación habilitada para uso urbano, los ocupantes han manifestado su intención de permanecer en el lugar para actividades productivas, complicando las posibles soluciones.
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El daño a los humedales no solo afecta la biodiversidad local, sino también la sostenibilidad del agua en la región. Las autoridades evaluarán las medidas legales para proteger este ecosistema estratégico y restaurar el equilibrio ambiental.
Fuente: Última Hora
