La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentra en el centro de una controversia por la adjudicación de un contrato de seguros valorado en 130 millones de dólares. El proceso licitatorio, que busca asegurar las instalaciones de la hidroeléctrica antes del vencimiento de las pólizas actuales a finales de enero, ha generado denuncias de manipulación y favoritismo.
Inicialmente, dos empresas participaron en la licitación pública: Carpenter Marsh, que contaba con un respaldo del 100% de las reaseguradoras, y Risk Solutions, con apenas un 40% de apoyo. Tras la exclusión de Risk Solutions por no cumplir con los requisitos, la EBY postergó la adjudicación a Carpenter Marsh mediante tres prórrogas consecutivas, para finalmente declarar fracasada la licitación.
La controversia se intensificó cuando los directores Luis Benítez (Paraguay) y Alfonso Peña (Argentina) optaron por un concurso de precios con modificaciones significativas en los requisitos. El nuevo pliego aceptó un 40% de apoyo de reaseguradoras, el mismo porcentaje por el cual Risk Solutions había sido descalificada anteriormente.
La adjudicación final favoreció a JNP Re Corredor de Reaseguros SA, empresa argentina que presentó una oferta apenas 0,17% más económica que Carpenter Marsh. Esta decisión ha generado protestas formales por parte de Carpenter, que señala múltiples irregularidades en la documentación y experiencia de JNP.
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El caso ha adquirido dimensiones políticas en Paraguay, donde se especula sobre la influencia del ex presidente argentino Mauricio Macri a través de Alfonso Peña, director ejecutivo de la parte argentina de Yacyretá. La situación se complica por la histórica falta de transparencia en la gestión de la binacional, que el ex presidente Carlos Menem llegó a describir como un “monumento a la corrupción”.
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Mientras las autoridades argentinas intentan minimizar el escándalo calificándolo como un “tema doméstico paraguayo», la controversia resalta las tensiones existentes en la gestión binacional. La demora en la designación de miembros del Consejo de Administración por parte de Argentina y la falta de un plan de ordenamiento financiero agravan la situación institucional de la hidroeléctrica.
Fuente: LPO
