El debate sobre la creación del Registro Unificado Nacional (RUN) se aplazó una semana en la Cámara de Diputados, luego de no alcanzar consenso en torno al polémico “certificado de condición de dominio”. Las diferencias entre quienes buscan eliminar este requisito y quienes defienden su obligatoriedad frenaron el avance del proyecto en su cuarta etapa legislativa.
El RUN busca modernizar y unificar los registros públicos de Paraguay, integrando entidades como la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Sin embargo, los artículos 122 y 126 del proyecto, que proponen eximir la presentación del certificado de dominio para inscribir propiedades, generaron un intenso debate legislativo.
La versión aprobada por el Senado, respaldada por sectores de Honor Colorado y el cartismo, sostiene que eliminar este requisito agilizaría los trámites. La diputada Rocío Abed argumentó que “otros países de la región no exigen este documento” y destacó que la propuesta incluye una tasa compensatoria. Según Abed, este mecanismo debería aplicarse solo en situaciones excepcionales.
Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) y otros legisladores opositores consideraron que la eliminación del certificado compromete la seguridad jurídica en un país con alta superposición de títulos. Vallejo alertó que la medida facilitaría irregularidades en la inscripción de propiedades. “Es fundamental para prevenir fraudes”, señaló.
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Incluso dentro del Partido Colorado hubo voces críticas. El diputado Jatar Fernández advirtió que suprimir el certificado podría derivar en estafas legales, ya que “el escribano daría fe de una transacción sin garantizar que la propiedad pueda ser vendida, exponiendo al comprador”.
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Ante esta falta de acuerdo, el proyecto no alcanzó los 41 votos requeridos según el artículo 207 de la Constitución Nacional, lo que obligó a postergar su tratamiento.
El diputado Pedro Gómez (PLRA) propuso el aplazamiento para tratar nuevamente el proyecto la próxima semana. Según la Ley 846/1996, si no se logra mayoría absoluta, las modificaciones rechazadas deben ser discutidas en la cámara revisora antes de ser sometidas nuevamente a votación.
Fuente: El Nacional
