Fachada Caja Central de Jubilaciones del IPS. Gentileza.
Un grupo de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) ha convocado una manifestación para este martes 10 de diciembre a las 09:00 frente a la Fiscalía General del Estado. La medida surge como respuesta a la intención de desestimar una denuncia que involucra un supuesto perjuicio patrimonial de más de 1,6 billones de guaraníes durante la administración de Vicente Bataglia.
La protesta busca repudiar lo que los convocantes consideran “impunidad” en un caso de presunto daño patrimonial al IPS. La denuncia inicial fue presentada por la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez, respaldada por un informe de la Contraloría General de la República que señalaba indicios de hechos punibles relacionados con el uso indebido de los fondos de la previsional.
A pesar de las evidencias presentadas, los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez han solicitado la desestimación del caso, argumentando que no se encontraron pruebas concretas de daño patrimonial contra la institución.
En un comunicado difundido a través de redes sociales, los jubilados expresaron su indignación y afirmaron que la desestimación responde a “acuerdos políticos” para proteger intereses partidarios. “Esta movilización será en repudio a la impunidad, en repudio a los acuerdos políticos que pretenden dejar sin castigo el mayor robo evidenciado en la historia del IPS”, señalaron en un video compartido ampliamente.
Los organizadores de la protesta han instado a los ciudadanos a unirse, resaltando que la lucha trasciende los intereses de los jubilados y afecta a toda la sociedad que depende del sistema de previsión social.
El pedido de desestimación, enviado por la Fiscalía a finales de noviembre, fue rechazado inicialmente por el juez Miguel Otazú, quien lo devolvió a la Fiscalía General para una revisión. Sin embargo, con la ratificación del Ministerio Público a través de la fiscala adjunta, el juez tendrá la obligación de resolver en favor de lo solicitado, según lo establecido en el Código Procesal Penal.
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Los jubilados advierten que el caso refleja un patrón de acuerdos políticos destinados a proteger a figuras involucradas en presuntos actos de corrupción. “Buscan desestimar la denuncia para mantener la aplanadora colorada en el Congreso”, denunciaron.
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La protesta también busca llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en instituciones públicas, especialmente aquellas que manejan fondos destinados al bienestar social.
Con la convocatoria en marcha, se espera que el martes sea un día clave para el caso, tanto en términos judiciales como en la movilización social. La manifestación será una oportunidad para que los jubilados y ciudadanos interesados en la transparencia y justicia hagan escuchar su voz.
Fuente: ABC Color
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