La Fiscalía acusó formalmente a seis personas, incluyendo militares y civiles, por su presunta participación en el tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. Los fiscales anticorrupción Jorge Arce, Francisco Cabrera y el fiscal antidrogas Luis Said presentaron la acusación en el marco de la operación Dakovo, solicitando un juicio oral y público.
La investigación del Ministerio Público inició tras detectar que la empresa Internacional Auto Supply SA (IAS SA) estaba vinculada a la importación de armas desde Croacia, destinadas al comercio ilegal. Parte de este armamento fue incautado en operativos realizados en Brasil.
Entre los acusados figuran Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, Victorino Gómez Paredes y tres militares de alto rango en situación de retiro: Jorge Antonio Orué Roa, Bienvenido Santiago Fretes González y Arturo Javier González Ocampo. Según la Fiscalía, los procesados formaban parte de una organización criminal liderada por Diego Hernán Dirisio.
Los civiles Fines Ventura, Samaniego Lezcano y Gómez Paredes habrían facilitado el tráfico de armas desde Paraguay hacia Brasil. Por otro lado, los militares involucrados habrían usado su influencia en cargos clave dentro de la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel) y otras instituciones para agilizar trámites y garantizar beneficios a la organización.
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El general Orué Roa, como director de Dimabel, habría intervenido directamente en procesos administrativos para favorecer a IAS SA, recibiendo como compensación regalos, incluido un arma de fuego. Fretes González y González Ocampo también habrían utilizado su influencia para gestionar permisos, nombrar funcionarios afines y modificar reglamentaciones en favor de la organización.
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La Fiscalía presentó pruebas que incluyen audios obtenidos a través de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Estos audios y otros datos recopilados vinculan a los acusados con actividades ilícitas relacionadas al tráfico de armas. Además, se detalló cómo los acusados recibieron compensaciones económicas y regalos a cambio de sus servicios dentro de la red.
El caso Dakovo expone un esquema de corrupción y tráfico de armas que involucró a funcionarios de alto rango y civiles. Las autoridades aseguran que este proceso judicial busca establecer responsabilidades y garantizar justicia, especialmente en un contexto donde el tráfico de armas afecta la seguridad regional.
Fuente: Última Hora
