En un esfuerzo por combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, el diputado José Rodríguez (ANR) presentó un proyecto de ley que establece sanciones severas para quienes introduzcan de manera no autorizada teléfonos celulares, equipos electrónicos o cualquier medio de comunicación a los centros penitenciarios del país. La propuesta busca fortalecer la seguridad en las prisiones y reducir las actividades delictivas coordinadas desde su interior.
El proyecto, actualmente en estudio por varias comisiones legislativas, propone penas de dos a siete años de cárcel para los infractores, dependiendo de su rol y las circunstancias. Las sanciones más estrictas recaerían sobre funcionarios públicos o proveedores autorizados, quienes podrían enfrentar hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de intentos fallidos de introducir dispositivos.
En un intento por combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles, el diputado José Rodríguez (ANR-Capital), presentó un proyecto de ley, que busca prohibir la introducción no autorizada de teléfonos,c…
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Según datos oficiales, hasta agosto de este año se han incautado más de 500 celulares en centros penitenciarios, lo que evidencia la gravedad de la situación. La exposición de motivos del proyecto detalla que estos dispositivos facilitan delitos como extorsión, tráfico de drogas, estafas y hasta planificación de fugas.
El texto también señala que los sistemas actuales de inhibición de señales son vulnerables, permitiendo que dispositivos electrónicos operen por períodos prolongados. Estas brechas tecnológicas son utilizadas para mantener las comunicaciones delictivas activas, subrayó el diputado Rodríguez en su presentación.
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La iniciativa ha sido derivada a cinco comisiones de la Cámara Baja, incluyendo las de Legislación, Justicia y Defensa Nacional, para analizar sus implicancias legales y operativas. El objetivo es garantizar que las medidas propuestas sean efectivas y prácticas en su implementación.
El diputado Rodríguez enfatizó que este proyecto no solo busca proteger a la sociedad, sino también disuadir a posibles infractores con sanciones contundentes. “Es un paso necesario para reforzar la seguridad y garantizar que las cárceles cumplan su función como centros de rehabilitación y no como centros operativos del crimen”, declaró.
Fuente: El Nacional
