Contraloría General de la República. Foto: Hoy.
La reciente promulgación de la Ley que establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción ha generado críticas por parte del senador Rafael Filizzola (PDP), quien señala que la normativa no aborda el conflicto fundamental entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal de Cuentas.
El legislador explicó que el principal obstáculo para el trabajo efectivo de la Contraloría radica en la tensión existente con el Tribunal de Cuentas, donde los sujetos obligados a rendir cuentas evaden la jurisdicción del órgano contralor mediante acciones de inconstitucionalidad.
Este mecanismo de evasión, denominado “puenteo”, permite que las instituciones presenten su documentación directamente al Tribunal de Cuentas, impidiendo que la Contraloría ejerza sus funciones constitucionales de control y fiscalización.
Filizzola expresó su sorpresa ante la falta de defensa institucional por parte del Contralor General, Camilo Benítez, y advirtió sobre una nueva complicación surgida de la ley: la inclusión de la CGR, un órgano autónomo y extrapoder, en un consejo conjunto con los poderes del Estado.
La nueva estructura establece un Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) donde la Contraloría deberá compartir representación con el Poder Ejecutivo, lo que según el senador constituye un menoscabo adicional a sus funciones y autonomía institucional.
El origen de esta situación se remonta al veto del Ejecutivo a la ley de conflictos de intereses de la legislatura anterior. Posteriormente, el gobierno de Santiago Peña introdujo modificaciones que, según Filizzola, terminaron debilitando la norma original.
El artículo 11 de la nueva ley, que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, ha sido especialmente criticado por establecer un desequilibrio inconstitucional entre los poderes del Estado, otorgando una preeminencia injustificada al Poder Ejecutivo.
La deficiente redacción de la ley, según el senador, no solo falla en resolver el problema institucional fundamental de la CGR sino que además genera nuevas complicaciones que obstaculizan la lucha efectiva contra la corrupción en Paraguay.
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El legislador sostiene que la prometida ley de Integridad no cumple con su objetivo principal al ignorar el conflicto del “puenteo” del control entre la CGR y el Tribunal de Cuentas, dejando sin resolver uno de los principales obstáculos en la lucha anticorrupción.
La situación actual plantea serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control institucional y la capacidad real del Estado para combatir la corrupción de manera sistemática y coordinada.
Fuente: ABC Color
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