Padres y estudiantes del Colegio Juan Manuel Frutos, ubicado en Mariano Roque Alonso, denunciaron la desaparición de G. 25 millones destinados a la organización de la fiesta de colación del tercer año. Los afectados señalaron como presunto responsable a Jorge Daniel Porte, delegado de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), quien habría utilizado los fondos para resolver un problema personal.
El grupo se manifestó el jueves frente a la Comisaría 10º Central, exigiendo justicia y la devolución del dinero. Según los denunciantes, Porte comunicó en un grupo de WhatsApp que utilizó los fondos ahorrados para evitar problemas judiciales que podrían haber afectado a su esposa. Este incidente generó indignación entre las familias, que confiaron en la gestión del delegado para el manejo del dinero.
Suman y siguen los casos de alumnos que no podrán realizar su colación. Estudiantes del tercer año de un colegio de Mariano Roque Alonso denunciaron estafa.
Ocurrió a solo 24 horas del evento.
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— Telefuturo (@Telefuturo) December 6, 2024
Los manifestantes también responsabilizaron al director de la institución, Virgilio Amarilla, por permitir que el señalado ocupara el cargo pese a que, según ellos, ya tenía antecedentes de irregularidades en situaciones similares. Los padres y estudiantes recalcaron que Porte no es padre de ningún alumno del curso afectado, lo que incrementa las dudas sobre su designación.
Este no es un caso aislado. En la última semana, se denunciaron hechos similares en otros colegios. El 3 de diciembre, estudiantes del Colegio Naciones Unidas de Asunción reportaron la desaparición de G. 14 millones destinados a su colación. Apenas dos días después, otro caso salió a la luz en el Colegio Verbo Divino, donde el desvío de G. 19 millones obligó a cancelar la fiesta de graduación.
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La repetición de estos incidentes evidencia una problemática que afecta a numerosas instituciones educativas y pone en entredicho la transparencia en la gestión de recursos por parte de delegados y autoridades. Los padres han solicitado mayor control y auditoría para evitar que situaciones similares se repitan.
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Mientras las investigaciones avanzan, los afectados mantienen sus exigencias de justicia y restitución de los fondos. Este hecho refleja la necesidad de reforzar la confianza en las comunidades educativas y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a eventos estudiantiles.
Fuente: Ultima Hora
