El Congreso Nacional, bajo la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez, desembolsó G. 514 millones a la empresa unipersonal Astelev, propiedad de Simón Recalde Romero, un día antes de que esta fuera denunciada por presunta falsificación de documentos. Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto forma parte de un contrato por G. 2.600 millones para la provisión e instalación de ascensores en el Parlamento.
La denuncia, presentada el 21 de noviembre de 2024 por Luis Nores, representante de la firma peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores, acusa a Astelev de falsificar certificados de especialización en seguridad eléctrica y mantenimiento de ascensores. Estos documentos habrían sido clave para cumplir con los requisitos de la licitación, poniendo en tela de juicio la transparencia del proceso.
El contrato, firmado el 2 de octubre de 2024, estipulaba un anticipo del 20%, dividido en dos pagos: G. 58 millones y G. 455 millones, transferidos el 20 de noviembre. Este movimiento ocurrió en medio de una protesta formal presentada ante la DNCP el 4 de noviembre, que cuestionaba la falta de ítems en la planilla de precios, el cuadro comparativo de ofertas y el certificado de eficiencia energética.
En respuesta a la protesta, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso, Julio Medina, firmó una declaración jurada asumiendo la responsabilidad de continuar con el proceso. La decisión generó dudas, ya que el pago se concretó a pesar de las irregularidades denunciadas.
Aunque la DNCP concluyó su investigación el 2 de diciembre, asegurando no haber encontrado anomalías, su pesquisa no incluyó la denuncia de falsificación presentada por Nores. Este vacío en el análisis ha levantado críticas sobre la rigurosidad de los procedimientos de control.
En defensa, Basilio “Bachi” Núñez desestimó las denuncias, calificándolas como intentos de escándalo mediático. “No busquen más en la papelera”, expresó aludiendo a las protestas registradas, mientras señalaba que los funcionarios del Congreso no están capacitados para verificar la autenticidad de los documentos.
Javier Arrúa, abogado de GW Perú SAC, confirmó que la empresa peruana presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público, argumentando la gravedad de los hechos. Entre los posibles delitos figuran la producción de documentos falsos y tentativa de estafa al Estado paraguayo.
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Por su parte, Simón Recalde, propietario de Astelev, sostiene que los certificados son legítimos, desestimando las acusaciones. Sin embargo, el caso subraya la falta de controles efectivos en procesos de licitación pública y plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de recursos estatales.
Este caso, enmarcado en aparentes irregularidades administrativas, resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar la adjudicación de contratos a empresas involucradas en posibles actos de corrupción.
Fuente: ABC Color
