El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, suspendió por un mes sin goce de sueldo al médico forense de Alto Paraná, Carlos Martín Alfaro Bertolo, quien previamente había denunciado la falta de insumos y precariedades en su área de trabajo. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5057, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025.
El Ministerio Público argumentó que Alfaro incurrió en diversas faltas administrativas y citó un historial de sanciones previas como evidencia de un “patrón de conducta disciplinaria deficiente”. La Fiscalía también destacó que Alfaro había declarado residir en Foz de Iguazú, Brasil, una circunstancia que, según el organismo, dificulta el cumplimiento de sus funciones.
En consecuencia, se le solicitó que fije domicilio en el territorio nacional dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución.
La suspensión de Alfaro ocurre tras sus reiteradas denuncias sobre las condiciones laborales en el área forense del Ministerio Público. El profesional había señalado que la falta de insumos esenciales y la infraestructura insuficiente obstaculizaban el trabajo forense, afectando directamente la recolección de pruebas en investigaciones fiscales.
Uno de los casos más relevantes ocurrió cuando Alfaro debió inspeccionar el cuerpo de un fallecido en una funeraria privada debido a la ausencia de una morgue en la región. Este hecho puso en evidencia las graves carencias en recursos para realizar labores fundamentales en el proceso judicial.
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El médico forense calificó el sumario como un “amedrentamiento” y aseguró que las denuncias que realizó eran legítimas. “Esto es un despropósito. Hice reiterados pedidos internos que nunca tuvieron respuesta. Recurrir a la prensa no puede ser motivo de sanción”, expresó Alfaro en declaraciones previas.
Alfaro enfatizó que su labor requiere condiciones adecuadas para garantizar resultados precisos y confiables, algo que considera esencial para el sistema judicial.
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La suspensión ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos laborales y profesionales, quienes consideran que la medida busca silenciar reclamos legítimos en lugar de abordar las deficiencias estructurales.
“El trabajo forense es crítico para la justicia, y estas denuncias deberían ser una oportunidad para mejorar las condiciones, no para penalizar a quien las expone”, opinó un representante del gremio médico.
Fuente: Última Hora
