La abogada Alejandra Peralta, experta en derechos humanos, cuestionó públicamente la restricción de ingreso a ciudadanos al Poder Judicial en Fernando de la Mora por su vestimenta. En un video difundido en redes sociales, capturó la respuesta de los guardias y agentes policiales, quienes alegaron que la disposición provenía de los jueces y se basaba en “respeto a la institución”.
Peralta señaló que esta práctica contradice el artículo 47 de la Constitución Nacional, que garantiza el acceso a la justicia para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Según sus declaraciones, limitar el ingreso por la vestimenta constituye una violación de este derecho fundamental, especialmente considerando que muchas personas en situación de vulnerabilidad económica no pueden cumplir con códigos de vestimenta formales.
Oficial confirma que la orden de impedir ingreso a ciudadanos en bermuda en el Juzgado de Fernando de la Mora es una disposición de los JUECES.
Esta disposición es INCONSTITUCIONAL según el art 47 de la Constitución Nacional.
“El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso… pic.twitter.com/0JzQvM3IZj— Alejandra Peralta Merlo (@aleperaltamerlo) December 4, 2024
“¿Quién sabe si esa persona va descalza porque no tiene dinero para comprarse un zapato o va con el único short que tiene porque tuvo que optar entre dar de comer a sus hijos o comprarse un pantalón?”, comentó Peralta en su publicación.
En el video, uno de los agentes admitió que las órdenes para restringir el acceso provenían de los jueces. Sin embargo, inicialmente intentó evadir las preguntas de la abogada, quien insistió en la responsabilidad de los funcionarios públicos de responder a las consultas de los ciudadanos. Finalmente, el guardia permitió el ingreso del ciudadano afectado, aunque reiteró que cumplir con el código de vestimenta era una orden institucional.
La denuncia de Peralta pone en evidencia una práctica que, según ella, afecta a las personas más desfavorecidas que buscan justicia. Argumentó que los tribunales deben ser accesibles para todos, independientemente de su apariencia o recursos económicos, ya que imponer barreras como estas perpetúa desigualdades en el sistema judicial.
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El caso ha generado un debate en torno a las políticas del Poder Judicial y la necesidad de garantizar que estas sean compatibles con los derechos constitucionales. La abogada instó a las autoridades a revisar esta disposición, enfatizando que el acceso a la justicia no puede depender de la vestimenta de una persona.
Este incidente también evidencia la desconexión entre ciertas normativas internas y las realidades socioeconómicas de la población. Los defensores de derechos humanos han pedido una revisión urgente para garantizar que todos los paraguayos puedan acceder libremente a los tribunales, sin enfrentar discriminación o barreras arbitrarias.
Fuente: ABC Color
