La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se encuentra en el centro de un intenso proceso de reestructuración que incluye la privatización parcial de la estatal. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita lidera las negociaciones para adquirir el 51% de las acciones, prometiendo una inversión inicial de USD 150 millones.
Óscar Stark, presidente de Copaco, y Gustavo Villate, ministro del MITIC, impulsan un plan de retiro voluntario para reducir el plantel de 700 empleados. También proponen reubicar a otros funcionarios en diferentes instituciones estatales para aliviar la carga financiera de la compañía, que enfrenta serios problemas de liquidez.
Los sindicatos, liderados por el Sintraco, reaccionaron con fuertes críticas. Su secretario general, Rolando Melgarejo, denunció que el gobierno oculta información clave sobre la situación financiera de la empresa y solicitó la mediación de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. “No hemos recibido respuestas a nuestras solicitudes de transparencia. Queremos ser incluidos en las negociaciones”, afirmó.
El Senado también se involucró en la problemática, proponiendo un artículo adicional al Presupuesto General del Estado 2025 que permitiría el traslado definitivo de los funcionarios de Copaco a otras dependencias. Actualmente, la empresa debe salarios a más de la mitad de sus empleados, agravando su crisis operativa.
El fondo saudita, que administra activos por USD 925 mil millones, busca modernizar la empresa y recuperar su viabilidad. En paralelo, Rivada Networks, una firma estadounidense, ha mostrado interés en arrendar el espectro de VOX, con un plan de inversión de hasta USD 500 millones en infraestructura.
Por otro lado, Villate y Conatel presentaron la licitación para implementar la red 5G, con expectativas de operatividad en el segundo semestre de 2025. La subasta de frecuencia incluye un esquema de inversión enfocado en infraestructura y compromisos sociales, buscando disminuir la brecha digital en Paraguay.
La licitación del 5G se perfila como un eje estratégico para atraer nuevos inversores y modernizar las telecomunicaciones del país. Según Villate, la consulta pública sobre el proceso durará 15 días, y se espera que el 60% de los recursos recaudados se destinen a infraestructura tecnológica.
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La crisis de Copaco también ha afectado su capacidad operativa, con numerosos empleados sin cobrar desde hace dos meses. El gobierno enfrenta la presión de resolver estos problemas mientras avanza en las negociaciones con los inversores extranjeros.
El futuro de la empresa depende en gran medida de estas inversiones y de la implementación de una red más moderna y eficiente. Sin embargo, la oposición de los sindicatos y los desafíos financieros plantean interrogantes sobre el impacto social y laboral del proceso.
Fuente: La Política Online
