Jueza Gloria Machuca Cardozo.
La Corte Suprema de Justicia inicia una investigación exhaustiva sobre un presunto esquema criminal en los Juzgados de Paz de la Capital, donde la jueza Gloria Machuca Cardozo figura entre los principales magistrados bajo escrutinio. La máxima instancia judicial ordenó una auditoría de reacción inmediata ante graves denuncias sobre manipulación fraudulenta de pagarés.
El caso expone una compleja red que involucra a jueces y ujieres de diversos Juzgados de Paz capitalinos. La investigación, formalizada mediante resolución N° 1739, abarca los juzgados de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación, donde presuntamente operaba la estructura delictiva para despojar ilegalmente a ciudadanos de sus bienes.
La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional supervisa las investigaciones que incluyen a nueve jueces de Paz, entre ellos Machuca Cardozo, Nathalia Garcete, Gustavo Villalba, Carmen Cibils y otros magistrados. La auditoría busca identificar irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos y determinar responsabilidades específicas.
Las denuncias señalan un patrón sistemático de irregularidades que involucra a funcionarios judiciales. Un aspecto llamativo del caso es el nivel de vida ostentoso de ciertos ujieres, lo que motivó la intervención de la Contraloría General de la República para examinar la correspondencia de bienes patrimoniales.
La Corte Suprema implementa medidas de control adicionales, incluyendo la supervisión estricta de horarios laborales de jueces y funcionarios. La Dirección de Administración de Personal deberá presentar informes mensuales al Consejo de Superintendencia sobre el cumplimiento de estas disposiciones.
El caso adquiere especial relevancia considerando los antecedentes de Gloria Machuca, quien recientemente generó controversia por sus decisiones judiciales contra medios de comunicación. La investigación actual podría revelar conexiones entre diferentes irregularidades en su juzgado.
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Las autoridades judiciales enfatizan la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación minuciosa. El esquema denunciado no solo compromete la integridad del sistema judicial sino que afecta directamente el patrimonio de ciudadanos que confían en la administración de justicia.
La intervención simultánea de la Corte Suprema y la Contraloría sugiere la magnitud del caso, que podría derivar en sanciones administrativas y penales para los involucrados. El desarrollo de esta investigación promete revelar la dimensión real del esquema criminal enquistado en los Juzgados de Paz capitalinos.
Fuente: Judiciales.net
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