El protocolo interinstitucional para atender denuncias de violencia familiar establece una hoja de ruta clara y coordinada entre instituciones para proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Este sistema involucra a cuatro actores principales: la Policía Nacional, el Ministerio Público, los Juzgados de Paz y el Ministerio de la Defensa Pública, quienes deben activar medidas específicas en cada etapa del proceso.
La Policía es la primera en intervenir, ofreciendo asistencia inmediata a la víctima, informando a la Fiscalía y asegurando atención médica de ser necesaria. Además, debe aplicar una ficha de valoración de riesgo para identificar amenazas potenciales y proteger a las víctimas secundarias.
La Fiscalía, por su parte, coordina la investigación, asegura atención psicológica y social para la víctima, y deriva casos a la Defensa Pública para asistencia jurídica gratuita. El uso de una ficha de evaluación de riesgo también es obligatorio, con el fin de adoptar medidas de protección efectivas.
En tanto, los Juzgados de Paz reciben las denuncias y disponen medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad de la víctima. Estas medidas pueden incluir restricciones para el agresor y protección de bienes y derechos fundamentales. En casos urgentes, se realiza un procedimiento abreviado para resolver rápidamente.
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El Ministerio de la Defensa Pública juega un rol clave, proporcionando asistencia legal gratuita y patrocinio a las víctimas. Además, el personal legal aplica herramientas de evaluación de riesgo para garantizar que las medidas de protección sean adecuadas.
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En situaciones de alto riesgo, el Programa de Protección a Testigos puede intervenir, ofreciendo esquemas de seguridad excepcionales. Esto incluye rondas policiales aleatorias y estrategias para minimizar amenazas directas hacia la víctima o su entorno.
Las víctimas pueden presentar denuncias en comisarías, fiscalías o llamar al 911 y al 137 “SOS Mujer”. El cumplimiento del protocolo es esencial para garantizar respuestas inmediatas y efectivas, salvaguardando los derechos y la seguridad de quienes enfrentan violencia familiar.
Fuente: ABC Color
