La Cámara de Diputados sancionó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, confirmando autoaumentos salariales y beneficios excepcionales para parlamentarios y funcionarios públicos. Este proyecto contempla incrementos de G. 6.000.000 para diputados y senadores, quienes percibirán G. 38.774.840 mensuales a partir de enero, marcando un aumento del 18,3%. Además, se destinarán G. 30.368 millones para salarios en el Congreso, con la creación de 100 nuevos cargos.
En la sesión extraordinaria, los cartistas apoyaron la moción presentada por la Comisión de Presupuesto, liderada por Cristina Villalba. Mientras tanto, legisladores opositores criticaron que el presupuesto sancionado prioriza beneficios para políticos en lugar de atender necesidades sociales. Denunciaron la falta de recursos en salud, educación y transporte público, sectores que afectan directamente a la ciudadanía más vulnerable.
El proyecto sancionado también exceptúa al Congreso del cumplimiento de leyes como la Ley N° 6622/2020, que establece medidas de racionalización del gasto público, y la Ley N° 1626 de la Función Pública, permitiendo nombramientos sin concursos. Esto refuerza prácticas de nepotismo y clientelismo político, conocidas como la designación de “nepobabies”.
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Por su parte, el presidente Santiago Peña ya adelantó que no vetará el proyecto, argumentando que el presupuesto busca beneficiar a sectores sociales prioritarios. Sin embargo, las críticas se centran en que gran parte del aumento se destina a legisladores y altos funcionarios, mientras los pequeños productores y programas sociales reciben mínimos recursos.
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El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso, garantizó la perpetuidad de privilegios con el apoyo de los colorados cartistas. En tanto, el diputado Yamil Esgaib destacó el respaldo político del expresidente Horacio Cartes, clave para la aprobación del PGN 2025.
Finalmente, este presupuesto incrementa en G. 320.850 millones el monto inicial propuesto por el Ejecutivo, alcanzando G. 133,2 billones. El aumento generará un déficit fiscal de 1,9% del PIB, que será financiado por impuestos, en un contexto de precariedad social para la mayoría de los contribuyentes.
Fuente: ABC Color
