La Cámara de Senadores aprobó un aumento salarial de G. 6 millones por legislador, alcanzando una cifra mensual de G. 38 millones. La decisión, que redirige fondos destinados a combustibles y seguro médico VIP hacia gastos de representación, generó indignación ciudadana por la persistencia de privilegios en el Congreso, en contraste con la realidad económica del país.
La senadora Esperanza Martínez criticó el procedimiento, calificándolo como una votación a ciegas. Según Martínez, “se habla de modernización y fusión, pero no se tienen datos concretos”. Añadió que la falta de transparencia alimenta la indignación popular, especialmente considerando las necesidades insatisfechas en sectores clave como salud, transporte y tierras.
El aumento se produce en un contexto de desigualdad, donde sectores como el de salud enfrentan carencias básicas. “Mientras aquí discutimos este incremento, los médicos reciben aumentos mínimos. Es una contradicción que refleja los privilegios de las autoridades frente a las necesidades de la población”, añadió Martínez.
El senador colorado Óscar Salomón votó en contra del aumento, aunque respaldó el cupo de combustibles para legisladores que residen a más de 100 kilómetros de Asunción. Eduardo Nakayama y otros legisladores también dejaron constancia de su rechazo, mientras que Carlos Núñez Agüero ironizó que quienes votaron en contra deberían donar el aumento a otras instituciones.
Por su parte, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes señalaron que la falta de claridad sobre lo que se votaba también afectó su decisión. “No sabemos ni qué se incluye en estos presupuestos. Diputados tienen más funcionarios de lo necesario, pero seguimos sin datos específicos”, lamentó Paredes.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
El presupuesto asignado a la Cámara de Senadores para 2024 asciende a G. 230.395 millones, mientras que la Cámara de Diputados recibirá G. 312.891 millones. En este contexto, los ciudadanos cuestionan la asignación de recursos a privilegios en lugar de atender necesidades urgentes como la salud pública y el desarrollo rural.
La medida ha reavivado el debate sobre los privilegios en el poder legislativo y la desconexión entre las prioridades de los legisladores y las demandas de la población. En un país con profundas desigualdades sociales, este aumento es percibido como una decisión que exacerba la brecha entre representantes y representados.
Fuente: Última Hora
