El personal médico del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu enfrenta una crisis insostenible: la falta de insumos básicos los ha obligado a vender pan dulce para cubrir necesidades esenciales en su labor diaria. Esta situación evidencia el estado crítico de la salud pública en Paraguay, mientras los legisladores continúan priorizando sus propios privilegios.
El doctor Diego Gamarra, vocero del hospital, denunció públicamente que faltan recursos fundamentales como guantes, antitérmicos y antibióticos, insumos indispensables para el tratamiento de niños en áreas cardiológicas y quirúrgicas. “Es indignante que en un hospital pediátrico tengamos que buscar alternativas como vender pan dulce, peluches y souvenirs para garantizar los insumos básicos”, declaró Gamarra en una entrevista radial.
La indignación crece, no solo entre el personal de salud, sino también en la ciudadanía. Mientras los médicos luchan por mantener el funcionamiento del hospital, el Congreso aprobó un significativo aumento salarial para los legisladores en el marco del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Esta decisión, tomada en un contexto de carencias en sectores vitales como la salud, refleja la desconexión entre las prioridades de los parlamentarios y las necesidades del país.
El reajuste salarial que reclaman los médicos, de apenas G. 1.100.000 por funcionario, contrasta con los G. 6 millones adicionales que los legisladores aprobaron para sí mismos. Según Gamarra, este monto mínimo reivindicado no ha sido ajustado en más de una década, dejando a los trabajadores de la salud en el abandono.
La venta de pan dulce, peluches y otros artículos es una respuesta desesperada ante la indiferencia estatal. El Hospital Acosta Ñu, que atiende a pacientes pediátricos de todo el país, se ha convertido en un símbolo de las prioridades desiguales del gobierno.
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“Mientras nosotros buscamos cómo salvar vidas, ellos aseguran sus privilegios. Es una burla para quienes confiamos en que pondrían a su gente primero”, agregó Gamarra, refiriéndose a los parlamentarios.
Esta situación ha desatado una ola de críticas hacia el Congreso y las autoridades responsables de la distribución presupuestaria. La brecha entre los privilegios de los legisladores y las necesidades de los sectores vulnerables se ha vuelto insostenible.
Fuente: Última Hora
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