El Senado sancionó automáticamente el proyecto de ley que establece una pensión mensual de G. 699.557 para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. La decisión se produjo tras fuertes críticas ciudadanas por los recientes autoaumentos salariales de los legisladores, que elevaron sus ingresos de G. 32.774.000 a G. 38.974.000.
La propuesta, que beneficiará a unas 34.000 personas, fue incluida en el orden del día por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, pero finalmente no fue debatida. Núñez aseguró que, aunque contaban con los votos para rechazarla, prefirieron evitar asumir el costo político y dejaron que el proyecto avanzara automáticamente.
Según explicó Núñez, la aprobación de la ley podría generar un déficit en el presupuesto nacional. “Estamos hablando de un impacto de USD 350 millones, lo que aumentaría el déficit de caja. Esta ley contradice la normativa de responsabilidad fiscal”, señaló. No obstante, aseguró que la decisión final recaerá en el presidente Santiago Peña, quien evaluará su promulgación.
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El proyecto establece que todas las personas con discapacidad que no puedan realizar actividades laborales dignas tendrán derecho a recibir hasta el 25% del salario mínimo mensual. Sin embargo, quedan excluidos aquellos que perciban algún ingreso estatal o privado, como jubilaciones o sueldos. La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) será la encargada de certificar las condiciones de los beneficiarios.
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La implementación de la pensión dependerá de la creación de un Fondo de Pensión para Personas con Capacidad Diferente, cuya financiación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. El Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de administrar y ejecutar los pagos.
Con la sanción de este proyecto, el Senado busca mitigar el impacto de las críticas por los aumentos salariales, aunque deja abiertas preguntas sobre la sostenibilidad financiera y la viabilidad de la medida. La pelota está ahora en manos del Ejecutivo, quien deberá decidir si prioriza las necesidades de este grupo vulnerable o las restricciones fiscales.
Fuente: ABC Color
