La Cámara de Senadores aprobó este jueves, en general, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, sobre la base del dictamen emitido por la Comisión Bicameral de Presupuesto. El monto asciende a G. 133,1 billones (USD 17.595 millones), lo que representa un aumento del 14% con respecto al presupuesto aprobado inicialmente para 2024. Sin embargo, la discusión en particular promete ser el foco de mayores controversias.
Entre las modificaciones que se analizarán, destacan aumentos en partidas para áreas sensibles como terapistas del Ministerio de Salud, el Hospital Pediátrico, universidades públicas, y otras instituciones clave. A pesar de estas inclusiones, el debate se ha centrado en los beneficios extraordinarios que los propios legisladores buscan asignarse, como vales de combustible de G. 5.000.000 mensuales, seguros médicos “vip” y aumentos en sus gastos de representación.
La eventual aprobación de estos beneficios ha generado críticas por parte de sectores ciudadanos y gremiales, quienes señalan que el Congreso podría exceptuarse nuevamente de leyes que promueven la racionalización del gasto público. Entre ellas, la Ley N.º 6622/2020, conocida como “Ley Godoy”, y la Ley N.º 6954/2022, que limita la asignación de combustibles para autoridades. Estas medidas han sido vistas como contradictorias con la situación económica del país.
El Senado también analizará artículos relacionados con transferencias a organizaciones no gubernamentales y el retorno de privilegios como pasajes aéreos en primera clase para parlamentarios, algo eliminado en el presupuesto de 2020. Este punto, en particular, ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
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El dictamen de la Comisión Bicameral ya recomendó un aumento de G. 25.374 millones (USD 3,3 millones) al presupuesto presentado por el Ejecutivo, lo que refleja diferencias en prioridades entre ambas instancias. Mientras tanto, sectores sociales instan a que las discusiones incluyan medidas que beneficien a la ciudadanía en general, evitando el incremento de privilegios legislativos.
La aprobación final del PGN 2025 se perfila como un escenario de enfrentamientos, donde las decisiones tomadas podrían tener repercusiones políticas y sociales significativas.
Fuente: ABC Color
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