El Tribunal de Sentencia resolvió que José María Orué Rolandi, exministro de la Niñez y Adolescencia, y otros cuatro condenados por desvío de fondos del programa “vaso de leche” deben reparar al Estado la suma de G. 3.010.768.440. La decisión, que rechazó los incidentes planteados por las defensas, atendió la demanda promovida por la Procuraduría General de la República (PGR).
El fallo afecta también a los condenados María Aracelli Cotillo Rolón, Gloria Betina Arroyos Vásquez, Laura Aida Gamarra de Doldán y Carlos Alberto Centurión, integrantes del Comité de Evaluación. Estas personas fueron halladas responsables de un perjuicio al Estado en una licitación pública de diciembre de 2012, que careció de la debida planificación y proyección de necesidades.
La resolución fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo, con los jueces Juan Carlos Zárate Pastor y Fabián Weisensee como miembros titulares. Los magistrados rechazaron los incidentes de prescripción de la acción y de oposición al mandamiento de reparación del daño planteados por las defensas.
Las defensas argumentaron que el daño ya había sido reparado en 2020 por Nancy Lucina Godoy Adorno, propietaria de la empresa proveedora “Granos y Aceites”, quien devolvió G. 3.400 millones al Estado tras una conciliación con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, el Tribunal determinó que esa reparación no excluye la responsabilidad individual de los condenados.
El caso se remonta a 2020, cuando José María Orué fue condenado a cuatro años de prisión por lesión de confianza durante su gestión como ministro bajo el Gobierno de Federico Franco. Según la investigación, el exministro desvió más de G. 6.400 millones en efectivo e inmuebles.
Los demás involucrados recibieron condenas iniciales de dos años y seis meses como cómplices. Posteriormente, en 2021, el Tribunal de Apelación Penal redujo las penas de los cómplices a dos años de cárcel, beneficiando a Gloria Betina Arroyos Vásquez, María Aracelli Cotillo Rolón, Laura Aida Gamarra de Doldán y Carlos Alberto Centurión.
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En la audiencia reciente estuvieron presentes representantes de la PGR, incluyendo los procuradores Belén Ferreira y Carlos Valdez, así como la asesora legal Judith Gauto Bozzano. La decisión refuerza la importancia de los procedimientos de reparación del daño en casos de corrupción que afectan a los programas sociales.
El programa “vaso de leche”, destinado a beneficiar a sectores vulnerables, quedó marcado por un esquema de corrupción que derivó en este fallo. La reparación busca resarcir parte del perjuicio causado al Estado y garantizar justicia.
Fuente: ABC Color
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