Santiago Peña. Foto: Antonio Lacerda.
La promulgación de la denominada ley “anti-ONG” por el presidente Santiago Peña ha generado preocupación a nivel internacional. Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, reiteró en redes sociales su advertencia sobre los riesgos que esta normativa representa para los derechos humanos en Paraguay.
En un mensaje publicado este miércoles en la red social X, Romero expresó que la ley aleja al país de los estándares internacionales de derechos humanos. También señaló que el gobierno de Peña parece ignorar sus obligaciones en esta materia. “Estaremos observando de cerca el proceso de reglamentación y monitoreando su impacto”, añadió.
El pasado 15 de noviembre, Peña promulgó esta controvertida ley, impulsada por legisladores cartistas. Según sus defensores, busca garantizar transparencia en el manejo de fondos privados por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, diversas voces, tanto nacionales como internacionales, han advertido que la normativa podría ser utilizada como un mecanismo de control político contra organizaciones críticas del oficialismo.
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En octubre, tras la aprobación inicial de la ley en el Congreso, Romero envió una carta al presidente paraguayo subrayando que la propuesta contenía ambigüedades y daba pie a interpretaciones discrecionales. Según la relatora, esto podría limitar severamente el derecho a la libertad de asociación, uno de los pilares de las democracias modernas.
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Además de las críticas internacionales, la normativa ha enfrentado oposición interna por parte de organizaciones civiles, gremios empresariales y partidos políticos de la oposición. Estos sectores argumentan que la ley puede ser utilizada para silenciar a aquellos que defienden derechos fundamentales y que se oponen a intereses políticos del oficialismo cartista.
Fuente: ABC Color
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