Foto: @pablocallizob
El concejal Pablo Callizo, miembro del Partido Patria Querida (PPQ), denunció públicamente que su colega Miguel Sosa, del Partido Colorado (ANR), forzó la cerradura de una oficina que utilizaba y retiró diversos objetos, incluidos documentos y electrodomésticos. El incidente ocurrió el pasado 18 de noviembre y fue informado en la sesión de la Junta Municipal de Asunción, generando un debate entre los ediles.
De acuerdo con Callizo, Sosa habría ingresado al lugar acompañado por un cerrajero y otros funcionarios. El edil calificó el acto como una violación de sus derechos y mencionó que presentó la denuncia correspondiente ante la comisaría local. “Es inadmisible este tipo de actos. Lastimosamente, cuando no hay razón, algunos optan por la agresión y la barbarie”, expresó Callizo durante la sesión.
La disputa surge en torno a la oficina de la Comisión de Transporte, que anteriormente presidía Callizo y que ahora está bajo la titularidad de Sosa. Callizo alegó que nunca se adueñó del espacio ni de los objetos en cuestión, aunque admitió que existe una vulnerabilidad en la Junta que permite el acceso no autorizado a ciertos espacios.
Por su parte, Miguel Sosa respondió a las acusaciones calificando el conflicto como “un gran vyrorei” (una tontería, en guaraní). Según Sosa, su acción se limitó a recuperar un espacio que corresponde a la Comisión de Transporte. Además, aseguró haber solicitado formalmente la desocupación del lugar y negó cualquier tipo de atropello. “No respeto, pero tampoco avasallo. Este es un espacio de trabajo que me corresponde”, argumentó.
La denuncia de Callizo generó reacciones de solidaridad por parte de varios concejales opositores, quienes manifestaron su preocupación ante lo ocurrido. Entre tanto, la concejala colorada Rossana Rolón mencionó que nunca antes se había presenciado un caso similar en la Junta Municipal.
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El conflicto refleja las tensiones internas que atraviesa la Junta Municipal de Asunción y abre el debate sobre el uso adecuado de los espacios destinados a las comisiones. Por el momento, Callizo espera una respuesta formal de las autoridades y una resolución sobre el caso.
Sosa, por su parte, afirmó que está dispuesto a someterse a cualquier investigación sobre el incidente, insistiendo en que su actuar fue legítimo. Mientras tanto, el incidente sigue generando divisiones en el seno de la Junta, que se enfrenta a un escenario de conflicto institucional.
Fuente: ABC Color
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