Eugenio María Sanabria Vierci, conductor ebrio que provocó un terrible accidente de tránsito en la Ruta Luque-San Bernardino, el domingo 10 de noviembre.
A dos semanas del trágico accidente en la Ruta Luque-San Bernardino, que cobró la vida de tres integrantes de una familia, los familiares de las víctimas denuncian la falta de justicia en el caso. Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo Jacquet, una de las víctimas fatales, utilizó sus redes sociales para reclamar que el conductor responsable, Eugenio Sanabria Vierci, continúa libre.
El siniestro, ocurrido el pasado 10 de noviembre, dejó en luto a la familia Jacquet y a la comunidad. Según las declaraciones de Nancy, el empresario imputado por el hecho estaría recibiendo un trato “preferencial” debido a su poder económico y vínculos políticos. “Esto no fue un accidente, es un homicidio con dolo eventual”, afirmó, señalando que Sanabria Vierci tomó la decisión de conducir en estado de ebriedad, consciente del riesgo que implicaba.
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Jacquet denunció que el caso refleja el peso del poder económico en el sistema judicial paraguayo. En su mensaje, mencionó que en un “país serio” no necesitaría recurrir a las redes sociales para exigir justicia. También apuntó contra la Fiscalía y el Juzgado a cargo del caso, acusándolos de actuar bajo influencia del apellido y los recursos del imputado.
Vínculos con el gobierno
El diputado Roberto González también se pronunció sobre el caso, señalando que Sanabria Vierci estaría siendo protegido por sus vínculos con el gobierno, lo que ha generado indignación en diversos sectores.
Supuesta reclusión en la Agrupación Especializada
En medio de las denuncias, la jueza Silvia Cáceres ordenó la reclusión de Eugenio Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada, una medida que reabrió el debate sobre la presencia de civiles en ese lugar destinado a reos de alta peligrosidad. Sin embargo, los familiares consideran que esta decisión no representa justicia plena.
Los familiares de las víctimas insisten en que el caso no puede quedar impune y exigen que el responsable reciba una condena acorde a los hechos. “El dinero no debe estar por encima de la justicia”, enfatizó Jacquet, quien pide que el caso sirva como precedente para evitar futuros privilegios a personas con poder económico.
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Este hecho reaviva el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial en Paraguay y la necesidad de garantizar que todas las personas, sin importar su posición, enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
Fuente: ABC Color
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