Foto: EFE.
Un grupo de ex magistrados del Tribunal Supremo, fiscales retirados e intelectuales presentó una querella penal contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales. La denuncia, presentada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España, se centra en la supuesta irregularidad de las regularizaciones tributarias realizadas por el monarca entre 2020 y 2021, vinculadas a ingresos millonarios no declarados previamente.
El escrito de la querella sostiene que la regularización realizada por el exmonarca no cumple con las disposiciones legales, ya que fue ejecutada tras haberse notificado a su defensa sobre la investigación en curso. Según los denunciantes, esta acción estaría en contra del artículo 305.4 del Código Penal, que establece que las regularizaciones deben hacerse antes de iniciar cualquier investigación formal.
Entre los delitos señalados se encuentran aquellos relacionados con el uso de aviones privados financiados por la Fundación Zagatka, presidida por un primo del monarca, y con tarjetas de crédito provistas por un empresario mexicano. Estas operaciones habrían acumulado una deuda tributaria de más de 4 millones de euros, cifra que Juan Carlos abonó en dos pagos para evitar sanciones mayores.
La Fiscalía General del Estado archivó la investigación en marzo de 2022 argumentando que muchos de los hechos estaban protegidos por la inviolabilidad del rey, vigente hasta su abdicación en 2014, o que habían prescrito. Sin embargo, los querellantes señalan que los delitos fiscales posteriores a 2014, cuando dejó de ser jefe de Estado, deben ser investigados y sancionados.
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Los denunciantes, entre quienes se encuentra el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, no buscan penas de prisión para el exmonarca. Su intención es que se imponga la máxima multa posible y que tanto el rey emérito como quienes lo financiaron comparezcan ante la justicia.
El caso plantea interrogantes sobre el trato diferenciado que habría recibido Juan Carlos I por parte de la Agencia Tributaria, especialmente considerando que a otros ciudadanos en situaciones similares se les ha negado la posibilidad de regularizar sus deudas tras el inicio de investigaciones.
Fuente: Clarín
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