El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre. Foto: ParlAmericas
Un nuevo caso de planillerismo sacude a la Cámara de Diputados. Esta vez, una funcionaria asignada a la oficina del diputado Héctor “Bocha” Figueredo fue descubierta atendiendo su negocio en Paraguarí. Blanca Rosa Fernández Baruja, prima del ministro de Vivienda Carlos Baruja, percibe un salario mensual de G. 4.500.000 mientras debería estar desempeñando funciones en el Congreso.
Este incidente se suma a denuncias anteriores, como la del hijo de la diputada Roya Torres (PLRA), quien fue imputado por no asistir a trabajar pese a recibir su salario. En respuesta, Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, reiteró su postura contra el planillerismo, prometiendo investigar a fondo y aplicar medidas estrictas contra quienes sean hallados culpables.
Latorre señaló que una de las principales herramientas que facilitan el planillerismo es el formulario F-04, utilizado para justificar ausencias y relajar controles sobre la asistencia de los funcionarios. “Para erradicar el planillerismo, debemos eliminar este formulario”, aseguró. El presidente ordenó un informe sobre su uso, con la intención de establecer su “certificado de defunción” en enero próximo.
Hasta la fecha, cinco personas han renunciado o sido despedidas por denuncias similares, y se han registrado 30 investigaciones preliminares. Sin embargo, Latorre insiste en que es necesario endurecer los controles internos para prevenir futuros casos.
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Latorre también expresó su descontento con el nivel de escrutinio mediático que enfrenta el Congreso Nacional. Según él, los problemas como el planillerismo, el uso de combustibles y los seguros médicos no son exclusivos del Congreso, pero reciben atención desproporcionada en comparación con otros poderes del Estado.
“Hay una mirada selectiva hacia el Congreso. Esto no significa que no tengamos que combatir estos males, pero no son patrimonio exclusivo de este poder”, afirmó.
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Casos como el de Elías Godoy Torres, quien tuvo que devolver G. 50 millones y realizar una donación adicional por el mismo monto, reflejan el impacto económico del planillerismo. Este tipo de irregularidades no solo afecta la eficiencia del Congreso, sino que también genera descontento entre la ciudadanía, al tratarse de recursos públicos mal administrados.
Latorre reafirmó su compromiso de implementar medidas más estrictas, incluyendo la eliminación del formulario F-04, como parte de un esfuerzo por restaurar la confianza en el Congreso. Aunque reconoce las críticas hacia los parlamentarios, aseguró que estas deben ir acompañadas de un análisis más equilibrado de otros poderes del Estado.
Fuente: ABC Color
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